Según informó el concejal de Urbanismo, Ángel Luís Guerrero, la caída de un trozo de forjado entre el cuarto y el quinto piso en una de las viviendas fue el detonante de esta situación. Al apartamento, en el que afortunadamente no había nadie, acudieron bomberos, Policía Local de Sant Josep y los arquitectos municipales.
Tras la revisión por parte de tres arquitectos, quedó constatado que había peligro para las personas por problemas en la estructura, por lo que se procedió a ordenar el desalojo de la escalera en la que se encontraba la vivienda. En el bloque hay un total de cinco portales.
El Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, procedió a realojar ayer mismo a las familias que residían allí en dos bloques de apartamentos que puso a disposición del Consistorio un apartahotel.
Tras esta actuación, desde el Consistorio informaron que se procederá al apuntalamiento de la parte en la que se han encontrado defectos estructurales y se realizará un estudio de todo el edificio para determinar si es necesario tomar más medidas en otras escaleras o viviendas, lo que podría implicar desalojar más apartamentos.
Miedo a quedarse sin casa
Residentes en los bloques de viviendas manifestaron su miedo a quedarse sin hogar. Explicaron que la comunidad de vecinos tenía previsto realizar unas obras de consolidación estructural de la esquina de un edificio en el mes de mayo, que tuvieron que aplazar por la crisis sanitaria.
Según comentaron, estaba previsto llevar a cabo los trabajos mediante una declaración responsable, sin recurrir a pedir licencia de obra. La comunidad, según los propios vecinos, tenía informes de un arquitecto y de un despacho de abogados que les indicaba que podían llevar a cabo obras de mantenimiento, siempre que no se modificase el edificio.
Al informar al Consistorio del proyecto, que los vecinos consideran que podría ampliarse para hacer seguro el edificio, los técnicos les comunicaron la imposibilidad de realizar ningún trabajo. Según indicaron fuentes municipales, los apartamentos se encuentran «fuera de ordenación». Es decir, se construyeron sin licencia y al pasar tiempo sin que se tomaran acciones legales la obra quedó, pero es una obra ilegal a la que no se puede conceder prácticamente ningún permiso de obra.
«Nos han indicado que si se produjera un desalojo nos llevarían provisionalmente a otro alojamiento. Pero eso será temporal. Luego nos iremos a la calle más de 200 familias en la situación en la que estamos», explicó Alejandro, un vecino de los apartamentos, con preocupación.
Por otra parte señaló que hace algunos años se hicieron trabajos de insonorización mediante el cambio de todas las ventanas del edificio, por lo que no entendía que no se pudieran aprobar estos trabajos. «Todas estas cosas se pueden sacar adelante si los ayuntamientos tienen voluntad», consideró Alejandro, «si no se hace nada los vecinos nos quedaremos sin casa y muchos con hipoteca».
Fuentes municipales confirmaron que se trata de un caso en el que está establecido que no es posible llevar a cabo obras de consolidación. Así lo fija tanto la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares como la Ley de Ordenación y Uso de Suelo. Únicamente se podrían llevar a cabo apuntalamientos en caso de posible derrumbe.
Por otra parte apuntaron que es imposible legalizar esta construcción, al encontrarse en suelo protegido del Parque Natural de Ses Salines.
Subrayaron que la prioridad del Consistorio es salvaguardar la seguridad de las personas y que el desalojo era una obligación.
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