Vecinos de la zona de la zona de Punta Pedrera, en Sant Josep, alertan del aumento de la presencia de okupas en los edificios abandonados que una empresa constructora dejó a medias de construir en el año 2008. En este sentido, actualmente podrían residir cerca de una veintena, según explicaron ayer los vecinos ‘legales’. Los vecinos, que prefieren mantenerse en el anonimato debido a la tensa situación que viven cada día con quienes ocupan ilegalmente estas viviendas, denuncian que los residuos se acumulan de manera insostenible en las calles, dando lugar a situaciones de insalubridad. A ello se suma que, habitualmente, tienen que llamar a la Policía Local porque «hay peleas o hacen fuego, por ejemplo». De hecho, el pasado mes de junio hubo una pelea entre okupas, con machete incluido, que acabó con un joven detenido que, finalmente, quedó en libertad.
Los vecinos afirmaron ayer que han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Sant Josep esta situación en reiteradas ocasiones. «No son los vecinos que te gustaría tener; tenemos miedo y, a veces, nos increpan por la calle», explicó uno de los residentes de manera legal en la zona.
Desde el Consistorio josepí destacaron ayer que, al tratarse toda esa zona de una propiedad privada, debe ser el propietario quien tramite el desalojo y que el Ayuntamiento no puede entrar a actuar. Un portavoz señaló que acuden habitualmente a la zona ante las llamadas y denuncias de los vecinos y, además, se ha instado en diferentes ocasiones a los propietarios a mantener la zona limpia y adecentada. A esto se añade que han actuado de forma subsidiaria en algunas ocasiones ante la inacción de las sociedades propietarias de los terrenos.
Cabe recordar que en la urbanización de Punta Pedrera había previstas 244 viviendas. El Ayuntamiento de Sant Josep anuló la licencia para construirlas en el año 2007 y, un año más tarde, el Govern del Pacte del Progrés protegió esta zona de la costa josepina como suelo rústico protegido bajo el amparo de la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Los propietarios de los terrenos denunciaron este cambio urbanístico y, finalmente, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a pagar 86,7 millones de euros más 21,8 adicionales en concepto de intereses a las sociedades Punta Ibiza S.L y Mecron S.L, propietaria de estos terrenos, por la protección de Punta Pedrera. Mientras tanto, la zona a medio construir sigue abandonada a su suerte y con cada vez más okupas.
4 comentarios
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PSOE y PP,por este orden, son los culpables de que haya okupas campando a sus anchas por todas partes.La inmensa mayoria de los okupas,(lo sabe todo el mundo,menos los gobiernos de los partidos mencionados anteriormente,preocupados unica y exclusivamente en vivir DEL CUENTO a costa de los ciudadanos) no lo son por necesidad sino para su provecho a costa de los que pagamos religiosamente los impuestos,sin que a los "gobernantes" les importe un bledo.La imagen es deplorable y vergonzosa.Mas de cien millones de euros tirados a la escombreria costo la indemnizacion de Punta Pedrera porque los muy progresistas no pagaban ellos.Ha pasado suficiente tiempo desde el pago y aquella zona cada vez esta mas abandonada y sucia.Pronto aquello se convertira en Son Banya dos, mientras el vecindario esta asustado viendo la indefension en que se encuentra.Ellos,los okupas, tienen derechos,los demas a sonarnos las narices
Tanto el PP como el PSOE han demostrado ser unos inútiles, en cuanto a okupación se refiere. Las leyes no se cambian porque no hay voluntad. Ánimo a los vecinos, pero en este tema no esperéis nada del ayuntamiento. Ya hizo su trabajo dando permisos y luego pagando indemnizaciones.
L'ajuntament té molt bons tècnics i advocats, això és segur, un altre cas serien ses voluntats, i el veïnat n'està fins els c... Els complexos inmobiliaris permeten la coexistència d'usos de domini públic amb usos de domini privat, fins aquí res nou, amb sa llei 12/2017, existeix a més una figura, la de l'execució substitutòria concertada, fent repercutir els costos sobre les persones propietàries dels terrenys, A més, havent-hi ja una sentència compensatòria i pagada es fa més forta s'acció de l'Ajuntament i Govern Balear cap a la propietat, perquè no afecta només el domini privat si no també el públic. Així que anau fent, treure es fems i després okupas no és demanar gaire i sa llei ho permet.
Estas indemnizaciones que pagamos todos por culpa de unos ayuntamientos incompetentes es inadmisible