Apartamentos Don Pepe

Sant Josep deberá dar vivienda a las familias desalojadas de los Don Pepe

Un auto del TSJB deniega la suspensión cautelar de los decretos de desalojo pero obliga al Consistorio a dar alojamiento a las familias dada la situación actual de pandemia «por su seguridad»

| Ibiza |

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Una familia sale de su hogar en la escalera 1 de los apartamentos Don Pepe tras el desalojo en 4 de junio.

Una familia sale de su hogar en la escalera 1 de los apartamentos Don Pepe tras el desalojo en 4 de junio.

MARCELO SASTRE

El Ayuntamiento de Sant Josep deberá dar «un nuevo lugar de residencia» a las familias desalojadas de las escaleras 1 y 2 del bloque A de los apartamentos Don Pepe. Así lo establece el auto dictado por la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Propietarios del Edificio ‘Cantos Rodados’.

En el auto, los magistrados deniegan la suspensión cautelar de los decretos de desalojo de ambos portales, solicitada por los vecinos, sin embargo supedita esta medida forzosa a que el Consistorio facilite vivienda a las familias «mientras se realizan las obras necesarias para asegurar la estabilidad del edificio y quede garantizada la seguridad de los ocupantes, si es técnicamente posible».

Ahora deberán ser los propios vecinos los que soliciten la ejecutividad de esta medida ante la administración local. El Ayuntamiento tiene cinco días para plantear un recurso de reposición frente al mismo tribunal.

Interés público

El tribunal no entra a valorar en el auto los informes técnicos contradictorio del Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios, pero sí considera que está probado que existe riesgo para las personas sí se quedan en el edificio desalojado.

En los informes de ambas partes, los técnicos contratados por el Consistorio establecen la grave situación del edificio y la imposibilidad de su reparación por estar fuera de ordenación, mientras que los técnicos que contrató la Comunidad informaban de la posibilidad de restauración sin necesidad de licencia.

Los magistrados indican que estos textos serán valorados durante el juicio. Sin embargo, indican que en ambos se habla de la existencia de daños estructurales que comprometen seriamente la estabilidad y seguridad del edificio. «Esto, desde luego, supone un peligro cierto y evidente para los moradores del inmueble, con riesgo innegable para su vida», indica el auto.

Por ello consideran que en este supuesto «los intereses públicos alcanzan un grado máximo de intensidad» en el aspecto de salvaguardar la vida e integridad física de las personas».
Es por ello que se niega la medida cautelar y se ratifica, por el momento, los decretos de desalojo.

A pesar de la denegación de las medidas cautelares, el tribunal toma en consideración que en la época de pandemia que atraviesa el país, «no es posible desalojar a ese número de familias abandonándolas a su suerte, debiendo el Ayuntamiento facilitar un lugar de ubicación de todas estas personas para su propia seguridad».

Informe del Consell

El auto llega en al mismo tiempo que la emisión del informe del Consell d’Eivissa respecto al edificio A de los Don Pepe que solicitó en julio el Ayuntamiento de Sant Josep.

En el mismo el Consell, a título de órgano asesor de los ayuntamientos, expone la compleja situación de los apartamentos Don Pepe y plantea una serie de incógnitas y pocas certezas.
Establece que no se puede asegurar que el edificio A de los apartamentos Don Pepe se hiciera sin licencia, dado que la misma se solicitó directamente al Consistorio, se presentó el proyecto oportuno y se pagaron las tasas correspondientes.

«La única conclusión a la que se puede llegar es que la promotora presentó la documentación para obtener licencia para los dos bloques y que el Ayuntamiento sólo se pronunció en relación a uno, el bloque B, aunque la promotora actuó como si tuviese las dos licencias [...] ejecutando las obras a la vista de todos y sin que conste que fuesen paralizadas».

El propio informe también pone en duda la concesión de las licencias conforme a la legalidad, algo que deberá estudiar el Consistorio, pero que en cualquier caso no es responsabilidad de los actuales propietarios, terceros de buena fe.

También concluye, dado el diagnóstico de «riesgo inminente de derrumbe del edificio», que procede la adopción de las medidas cautelares necesarias para «proteger el bien jurídico más digno de protección: la integridad física de las personas».

Los vecinos ya han solicitado una reunión a Consell y Ayuntamiento para evaluar las consecuencias del informe.

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pepito
Hace 12 meses

Si ponen hoteles gratis y ayudas a los inmigrantes, que menos que hacer lo mismo con los nacionales.
Valoración:4menosmas

Sebas
Hace 12 meses

Otra vez mas , a tenido que ser un juez - ahora es el TSJIB - quien obligue a este ayuntamiento a realojar a todas estas familias. A ver ahora , si el alcalde "Agustinet" mantiene su palabra de que no recurriría un dictamen de un juez. Me alegro por todas estas familias !!
Valoración:10menosmas
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