La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez. - EUROPA PRESS - Archivo

El Consell de Govern se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia de suministro y servicios a cargo del Servicio de Salud por valor de 221.580 euros.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, las contrataciones incluyen las gestiones y los trámites aduaneros necesarios para la adquisición en China de material sanitario, así como 20 habitaciones para alojamiento y manutención de personal sanitario en el Hotel THB-Los Molinos de Ibiza.

Según Salud, la evolución desfavorable de la pandemia en la isla de Ibiza ha hecho necesaria la adopción de medidas excepcionales de control, prevención y actuación ante el avance de la enfermedad.

Por este motivo, se ha reforzado la plantilla sanitaria con personal desplazado de las otras Islas al que se ha ofrecido alojamiento y manutención. Para cubrir esta necesidad, se han contratado 20 habitaciones de este hotel entre el 3 de noviembre y el 2 de febrero del 2021.

Estas contrataciones están relacionadas con el tratamiento de la pandemia debido a la necesidad concreta de disponer de determinados servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta de lucha contra el virus.

El Govern ha destacado que todas estas contrataciones se financian a través del fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) de Baleares autorizado por la Comisión Europea.

Esta redistribución de las ayudas europeas se enmarca en la decisión de la Unión Europea de flexibilizar el uso de los fondos de cohesión para reforzar los sistemas sanitarios y la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria.

Concretamente, las contrataciones de emergencia se centran en la contratación de las gestiones necesarias y los trámites aduaneros para la adquisición en China de una parte de los materiales sanitarios por importe de 23.580 euros y la contratación de las 20 habitaciones en Ibiza por importe de 198.000 euros.

En marzo, el Consell de Govern aprobó el acuerdo de medidas a adoptar en materia de contratación pública a consecuencia de la declaración de estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria.

Ello supuso que a todos los contratos suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.