Imagen de archivo del municipio de Ibiza, en un día de verano desde Dalt Vila. | DANIEL ESPINOSA

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Más de un millón de euros en sanciones a los pisos turísticos ilegales. Ese es el resumen de un 2020 que aún no ha acabado y en el que la lucha contra el intrusismo se ha endurecido. Desde el mes de junio, con el final del estado de alarma, la Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa ha iniciado 50 expedientes sancionadores, lo que se traduce en un mínimo de un millón de euros, es decir, más que la suma de los cuatro años anteriores.

La directora insular de Lucha contra el intrusismo, Naihara Cardona, se mostró satisfecha con el balance de un año complicado que estuvo marcado por la pandemia provocada por la COVID-19. Cardona quiso «resaltar el trabajazo que han hecho este último año tanto inspectores como instructores para, con la covid de por medio y con todas las implicaciones personales y profesionales que ha tenido para todos, han sacado más expedientes que nunca, mostrando una total implicación en uno de los principales objetivos de esta legislatura que es la lucha contra el intrusismo».

Asimismo, quiso alabar la tarea de los inspectores que, «aprovechando que durante el confinamiento no se podían hacer inspecciones, tramitaron muchísimos expedientes que habían caído en el olvido en los últimos años». «No basta con hacer inspecciones: si no hay un posterior trabajo de oficina, las inspecciones caen en saco roto, y es una pena que se llenaran tantos titulares con inspecciones si luego se quedaban las actas en los cajones y no se sancionaba, tal y como muestran los datos», apuntó.

En esa línea señaló que para luchar contra el intrusismo «no tiene sentido contratar más inspectores si no hay instructores para tramitar los procedimientos». Actualmente este departamento cuenta con cuatro instructores y un quinto que trabaja a tiempo parcial, además de los cinco inspectores. De cara al próximo año se ocupará una nueva plaza de instructor que ya está aprobada.

En cuanto a las sanciones impuestas este año, Cardona explicó que algunas ya se han pagado porque los infractores decidieron acogerse al 40% de descuento por pago voluntario. También recordó que el 15 de octubre la sanción mínima ascendió a 40.000 euros –antes eran 20.000– y que los últimos expedientes ya se manejan en esas cifras.
Es curioso que durante este año en el que apenas ha habido turismo se ha alcanzado un guarismo tan elevado. La razón es que se han iniciado expedientes de inspecciones de años anteriores. Además, de que se ha contratado más personal para esta labor.

En comparativa con otros años, en 2019 se iniciaron 28 expedientes por un valor de 271.812 euros; en 2018 fueron 16 expedientes por 319.406; en 2017, 11 expedientes por 80.000 euros.

Cardona explicó que la próxima semana tendrá lugar una reunión para marcar las líneas a seguir en el próximo año. Aunque no adelantó cuáles serán estas, sí dejó claro su idea principal: «No me interesa tanto hacer más inspecciones. Lo que quiero es que se sanciones las infracciones que encontremos. No podemos dejar expedientes en el cajón y que pasen los años sin ser sancionados. Hoy estamos sancionando procesos de 2018 y eso no puede ser. Tenemos que estar al día».

La directora insular también recordó el acuerdo alcanzado con Airbnb que se dio a conocer el miércoles y que permitirá a la Oficina de Lucha contra el Intrusismo obtener los datos de los usuarios que anuncian alquileres turísticos ilegales para terminar con la práctica, cada vez más extendida, de crear perfiles falsos que impiden identificar a los infractores. Cabe recordar que todos los alquileres turísticos que se llevan a cabo en pisos son ilegales en Ibiza. En otras palabras, un piso particular no puede ser arrendado a turistas, ya sea entero o por habitaciones.