Nuevo hachazo

Fue durante la reunión en la que Sánchez trató de defender lo indefendible en relación al cambio de criterio en el reparto de los fondos que el Estado ha aportado a Baleares para compensar el déficit de las empresas de transporte público por carretera, episodio del que hablamos ampliamente el pasado domingo, y que ha supuesto una merma para Ibiza de 500.000 euros y un regalo para Menorca de 600.000. Sánchez se comprometió a no cumplir con la enmienda que ella misma había presentado como un gran logro días antes y a dar a Ibiza lo que las empresas tengan derecho. Hasta ese día no sabemos si cumplirá o no.

Pocas horas después de la reunión entre Sánchez y Marí, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Costa, descubrió, preparando el debate sobre los presupuestos, un nuevo hachazo del Govern a los consells. En este caso, no se trata de una discriminación ad hoc como la anterior que, obviamente perjudica a Ibiza y beneficia a Menorca, sino de un acto de centralismo a secas, sin discriminar a unas y beneficiar a otras.

La operación es muy simple. El Govern se ha quedado íntegramente los 295 millones que ha recibido de los 13.486 millones que el Estado inyecta a las autonomías para compensar la caída de ingresos derivada de la crisis sanitaria con el argumento de que interpreta que se tratan de fondos finalistas cuando la propia excusa del Govern demuestra la falsedad del razonamiento. Como todo el mundo sabe, los fondos finalistas no requieren interpretación porque su principal característica es que todo el mundo, el que los da y el que los recibe, sabe que se envían con un único fin y que, por eso, reciben el nombre de finalista y así son tratados en los presupuestos.

Por ejemplo, los fondos estatutarios eran finalistas. El Estado los transfería a la Comunidad Autónoma para invertir en ses Feixes o en ses Salines y no podían utilizarse para cubrir otras necesidades y si se hacía, como se ha hecho, toca devolverlos con intereses.

El Govern sostiene que son fondos extraordinarios, cierto, para hacer frente al impacto de la Covid, cierto, principalmente en sanidad y educación, probablemente cierto, y, por lo tanto, son finalistas, falso, salvo que se acabe demostrando lo contrario y el Gobierno añada dicha condición a la transferencia.

De momento, el PP pone el grito en el cielo, el Consell d’Eivissa estudia un caso que tiene pinta de acabar en un contencioso administrativo y el resto de consells y de formaciones guardan silencio, al igual que el Diario de Ibiza que, de forma inexplicable, no ha considerado noticia que el principal partido de Ibiza denuncie que el Govern sisa 4,72 millones a los consells de Ibiza y de Formentera.

Centralismo. La Ley de Financiación de los Consells fue concebida en base a dos principios nucleares que cambiaron radicalmente la forma con la que se habían venido financiando las administraciones insulares hasta entonces. Establecía un umbral mínimo de financiación del Govern a los consells, ya que por debajo del mismo no quedaría garantizada la prestación de las competencias transferidas, y establecía una suerte de win win entre ambas administraciones de forma que si subían los ingresos del Govern, subían automáticamente los ingresos a los consells.

Obviamente, este principio no se ha seguido en este caso y Rosario Sánchez ha aplicado la máxima de que quien parte y reparte se queda con la mejor parte, demostrando un absoluto desprecio a la realidad pluriinsular que nos caracteriza.

Lo peor de todo no es que el Govern haya actuado desde la óptica centralista y en beneficio propio. Esto ya lo sabemos porque siempre es así, y me temo que siempre será así, motivo por el que cada día estoy más convencido de que se ha de acelerar el proceso de transferencias tanto como se pueda y dejar a la comunidad autónoma solo aquello que realmente no tenga sentido que sea gestionado desde cada consell.

Lo peor es que la presidenta del Govern que actúa de esta manera es la misma que, de tanto en tanto, se saca de la manga patrañas para despistar y contentar al personal, como la que lanzó durante su discurso de investidura del 30 de junio de 2015 sobre el federalismo interior, y que no ha tenido reparo en repetir cada vez que le ha venido en gana, sin explicar en qué consiste, ni qué beneficios tendríamos los ciudadanos de él.

Cierto es que eliminó el cargo de delegado del Govern en Formentera y que todos hemos acabado interiorizando que los consells son en realidad administraciones autonómicas y que forman parte de la estructura comunitaria y que, como tal, toca acostumbrarse a un suerte de cohabitación como ahora, lo que es un paso positivo sin duda. No parece que estos gestos simbólicos sean de suficiente calado como para bautizarlos como federalismo interior.

Recientemente, durante su discurso del día de la Constitución, Armengol, de quien no olvidemos su militancia en el sindicato estudiantil Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI), obviamente y como su propio nombre indica, de corte separatista, se sumó con los brazos abiertos a la Commonwealth mediterránea (sic) que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había puesto sobre la mesa días antes en una conferencia en Barcelona.

Esto de la Commonwealth mediterránea es una memez como otra cualquiera y un subterfugio para no decir lo que realmente parecen anhelar, al menos Armengol, que es separarnos cada vez más de España para unirnos cada vez más a Cataluña.

Otro cuento es insistir en la España federal, ya que España ya es un estado federal, con la particularidad de que aquí en lugar de llamares estados a los territorios, les llamamos autonomías, supongo que por utilizar un término que fuera más fácil de aceptar por los herederos del franquismo durante la negociación de la Constitución del 78.

Sería divertido que Armengol pusiera negro sobre blanco lo que quiere decir para ella la Commonwealth mediterránea y un estado federal, quizá habría algún aspecto relevante que ella misma podría tratar de poner en práctica en Baleares, ya que para ello no necesita pedir permiso a nadie.

¿Aceptaría que la ecotasa se invirtiera allá donde se recauda? ¿Y el canon del agua? ¿Y el impuesto de transmisiones? ¿Y la parte del IVA y del IRPF que nos transfiere el Estado en virtud al sistema de financiación autonómico? ¿Y que IB3 dejara de ser una televisión hecha por y para los mallorquines con algunas noticias y reportajes del resto de islas para despistar?

Libertad y competencia. Siempre he desconfiando de los empresarios que pretenden proteger su negocio impidiendo el negocio de otros, a través de normativas que coartan la libertad de empresa y cercenan la competencia, lobbys, campañas y otro tipo de artimañas.

Aunque es una obviedad, la competencia se ha de producir siempre dentro del marco de la ley, ya que, en caso contrario, se trata de competencia desleal, una práctica que debe erradicarse por completo.

La batalla que una parte del ocio nocturno está librando contra el ocio nocturno es un ejemplo más.

Todos podemos entender que a los empresarios de la noche no les guste y les fastidie que hayan emergido en los últimos años otros empresarios competidores que cubren una necesidad de los clientes de forma distinta a como lo habían venido haciendo ellos en las últimas décadas. Y que a los clientes eso del tardeo les guste.

Merece una profunda reflexión que el argumento principal de los que se oponen a la nueva tendencia es que el ocio diurno, vespertino mejor dicho, quita clientes al ocio nocturno, lo que siendo cierto, no tiene entidad suficiente para nada más que dejar en ridículo a quien lo expresa. Las lowcost como Ryanair le quitaron clientes a las aerolíneas tradicionales… y todo el mundo quita clientes a otros y eso no es motivo suficiente para promover su destrucción o su cierre.

Hay sitio para todos, es más, el ocio nocturno saldría perjudicado si se aplican nuevas y desmesuradas restricciones al ocio vespertino porque eso acabaría perjudicando a la fortaleza del destino, lo que, no obsta, para abrir un debate desapasionado sobre las posibles disfunciones que probablemente hay y que los ayuntamientos no quieren ver.