Olmos conversa con la Policía antes del inicio de la protesta del 20 de enero.

Integrantes de la recién creada Asociación de Bares y Restaurantes de la isla de Ibiza (ABRE) entregarán hoy al delegado del Gobierno en las Pitiusas, Enrique Sánchez, sus reivindicaciones para que se aumenten las ayudas económicas y se adopten medidas urgentes «para evitar el cierre y la ruina» del sector. El presidente de esta entidad, Juan Olmos, aseguró ayer que el representante de la Administración central en las Pitiusas se ha comprometido a trasladar sus peticiones al Gobierno.


Para llamar la atención sobre la parálisis que sufre la hostelería en Ibiza, estos empresarios pretendían organizar una performance con 40 personas frente al Consell d’Eivissa, petición que ha sido denegada por la delegación insular ante la situación de emergencia sanitaria en nivel 4 reforzado en que se halla la isla. Por este motivo, ABRE se limitará a entregar a Sánchez un documento con sus reclamaciones, que se resumen en un decálogo de medidas de auxilio dirigido tanto al Gobierno central como al autonómico. Los hosteleros exigen más ayudas y que no queden excluidas de las mismas las empresas que se encuentran en situación de insolvencia a causa del cierre forzoso o las restricciones derivadas de la pandemia.


«Como es obvio, somos conscientes de la situación y acatamos y comprendemos las decisiones de la Delegación del Gobierno, porque además queremos que nuestra asociación [que aún no se ha podido constituir de manera oficial] pueda estar más adelante presente en las mesas de negociación», expresa Olmos, si bien considera «lógicas» las protestas de los empresarios de hostelería que se estén reproduciendo casi a diario en algunas capitales españolas. «Aquí no se puede hacer una concentración similar; lo acatamos y entendemos el riesgo sanitario que estamos viviendo ahora mismo», añade el presidente de ABRE, una asociación que ya ha protagonizado recientemente una marcha de protesta en vehículos por el centro de Ibiza y una cacerolada a las puertas de los establecimientos que están cerrados.


ABRE emitió ayer un comunicado en el que se recogen algunas de las reivindicaciones, que asimismo figuran en la carta que entregan hoy al delegado del Gobierno, como su disconformidad con las ayudas al sector anunciadas por parte del Govern balear, unas subvenciones de 1.500 euros al mes por negocio durante un máximo de tres meses y cuyo plazo para solicitarlas comienza hoy, «casi un mes después del 12 de enero, cuando fueron anunciadas por la presidenta del Govern», explican.


Esta asociación considera que se trata de «unas ayudas tremendamente escasas y no proporcionales a las realidades y los gastos mensuales de los negocios». Y argumentan que el artículo 33 de la Constitución establece que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes». «Las administraciones lo deben haber olvidado, ya que entendemos el interés social de las restricciones y los cierre obligados sufridos por nuestros negocios, pero éstos no han venido acompañados de las correspondientes indemnizaciones proporcionales, que son tan necesarias para asegurar la viabilidad de las empresas en un sector primordial para el tejido económico y de desarrollo de Ibiza», destacan los hosteleros.

Insolventes desde marzo
«Además de insuficientes, estas ayudas son completamente injustas e insolidarias», según ABRE, que considera que constituyen «un agravio comparativo enorme al no permitir optar a las mismas a las empresas que no estén al día en sus contribuciones con las administraciones, ya que la mayoría de éstas son insolventes desde marzo de 2020, no antes, y lo son por el patrimonio que han cedido al Estado por el bien común, por las restricciones que han acatado», según se recoge en el comunicado, donde lamentan igualmente que a estos negocios «el Estado los deja ahora en exclusión social y administrativa al negarles la posibilidad de acceder a estas escasas subvenciones, creando un agravio comparativo con el resto del sector, con las empresas más fuertes».
Por otro lado, consideran que las diversas administraciones «siguen queriendo salvar una situación tan extraordinaria como la pandemia con medidas ordinarias, pero su inacción ante este problema es absoluta». Desde ABRE lamentan que «algunas instituciones han asumido el cierre y la ruina de más de la mitad de las pymes y los autónomos de las Baleares, solo así se entiende que nieguen su ayuda a quien más lo necesita». «Había maneras muy fáciles de solucionarlo, como hacer que las subvenciones se tradujesen en una quita directa de la deuda, todas las patronales lo propusieron, pero no ha habido voluntad por las administraciones», añaden.


Según ABRE, «estamos en la cola de la Unión Europea en cuanto a subvenciones para paliar los efectos de la pandemia en la economía. El sector turístico en España aporta más del 12% del PIB, pero en Ibiza este porcentaje se multiplica varias veces, pero incluso Rumanía, con un tercio del PIB español, nos triplica en ayudas».


Por último, recuerdan que el presidente de Gobierno aseguró que «nadie se quedará atrás en esta crisis, pero un año después ya han caído muchos, y muchos más que seguirán cayendo si no se toma remedio desde la Administración central. Hace falta un plan inmediato estatal de rescate al sector hostelero para que, cuando la sanidad lo permita, no sea la economía la que siga matando a las personas».