De izquierda a derecha. Sergi Torrandell, Enrique Gómez Bastida, Naihara Cardona, Ascensión Joaniquet y José Antonio Llano, ayer durante el VII Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza. | Irene Arango

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«Un Ushuaïa, con su barra de copas, piscina y habitaciones, pero en pequeño». Así es como definió ayer una de las fiestas ilegales en villas a la que tuvo acceso la Guardia Civil este verano en Ibiza el comandante segundo Jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Baleares, Enrique Gómez Bastida, durante la celebración del VII Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza.

El coloquio ‘Seguridad, convivencia y policía: fiestas ilegales e intrusismo’, en el que también participaron el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera (AVAT), José Antonio Llano; la abogada penalista Ascensión Joaniquet; el jefe del área de Seguridad Ciudadana de Llucmajor, Sergi Torrandell, y la directora insular de Intrusismo del Consell d’Eivissa, Naihara Cardona, sirvió para debatir sobre los mecanismos para poder atajar esta lacra, que este verano ha puesto en entredicho a las viviendas turísticas.

Una mala etiqueta que desde AVAT, promotora de este congreso, pretenden a toda costa evitar, ya que las inspecciones llevadas a cabo por el Consell d’Eivissa evidenciaron que ninguna de las fiestas ilegales a la que tuvieron acceso se celebró en este tipo de establecimientos sino en viviendas particulares o, en todo caso, turísticas ilegales. «Hemos sufrido escarnio, porque cualquier fiesta que se celebraba en una vivienda ya se tachaba de vivienda vacacional», declaró Llano. El presidente de AVAT aprovechó la ocasión para evidenciar que actualmente hay en la isla de Ibiza alrededor de 20.000 plazas de viviendas fuera de la oferta reglada y que se usan como turísticas, lo que viene a ser la mitad de las que sí cumplen con la ley.

Por esta razón, Llano hizo un llamamiento al Consell para que «flexibilice» el coste que supone darse de alta en el censo de viviendas turísticas, que en estos momentos ronda los 4.300 euros por cada plaza hotelera nueva. Un hecho que, a su juicio produce que «muchos propietarios no regularicen su situación por su alto coste».

Pese a ello, confesó, como también hizo la directora insular de Intrusismo, que «es un problema que va a seguir existiendo». «Ahí entramos todas las asociaciones e instituciones para frenar este tipo de actividades», añadió el presidente de la patronal. «En vez de alquilar viviendas turísticas, lo que alquilan es una vivienda para toda la temporada y van organizando fiestas periódicamente», defendió Cardona. «Se habla mucho de que las fiestas se producen en viviendas turísticas cuando eso no es verdad. Sería muy fácil si fuesen en viviendas turísticas ya que la consecuencia más inmediata sería por parte nuestra dar de baja la vivienda», explicó.

Limitaciones
Lo que sí está claro es que, bien sea en viviendas turísticas o no, el poder de los cuerpos de seguridad resulta verdaderamente limitado a la hora de poner freno a estas fiestas ilegales. Salvo en casos contados, como el que encabeza el primer testimonio de este artículo, donde el promotor, según relató Gómez Bastida, «de forma muy ágil colaboró en todo momento», los agentes ni siquiera rebasan el límite del portal de la vivienda.

Y en casos como éste, en el que sí consiguen entrar, no pueden llevar a cabo «actuaciones que rebasen unas líneas y no sean proporcionales». Por lo tanto, suceden situaciones rocambolescas como la que relató el comandante: «Por megafonía la organización avisó a los presentes de que habían llegado las fuerzas de seguridad y que tenían que abandonar la casa y de pronto escuchar a unas quinientas personas gritar a la vez ‘Viva la Guardia Civil’». Y hasta ahí su capacidad de reacción con la ley en la mano. Por esta razón, Gómez Bastida insistió en que revertir esta situación pasa más por disuadir que por perseguir. «No queremos desarticular fiestas, lo que queremos es evitar que se celebren», declaró. Por lo tanto, hacen falta, a su juicio, «iniciativas que den lugar a sanciones que sean efectivas y disuasorias».

Sin embargo, de momento la normativa legal queda todavía lejos. Tal y como apuntó la abogada penalista Ascensión Joaniquet, actualmente «en la jurisprudencia hay diferentes opiniones. Hay quien entiende que en una vivienda no se puede entrar bajo ningún concepto, porque se considera domicilio y, sin embargo, hay otra tendencia, que la apuntó Grande Marlaska, que entiende que una vivienda de alquiler para fiestas, en principio, no debería tener esa consideración de domicilio».

Desde su punto de vista, esto es algo «muy discutible», aunque «la opción mayoritaria es que no se puede entrar y, es entonces cuando el encaje de la intervención de las fuerzas de seguridad es bastante complicado».

El debate sigue abierto, más en Ibiza, que reúne todos los elementos propicios para este tipo de encuentros que, todos destacan, ya existían antes de la pandemia y que, como se escuchó ayer en esta mesa de debate «han venido para quedarse».

Por su parte, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, destacó la labor de la Oficina contra el Intrusismo para controlar y perseguir la oferta de alojamiento ilegal, garantizando en Ibiza «la calidad y la confianza que necesita el cliente para elegir un determinado destino turístico».