De izq. a dcha. Antoni Marí, Ángel Luis Guerrero, Carmen Ferrer, Vicent Marí, Rafa Ruiz, Marcos Serra y María Fajarnés. | Marcelo Sastre

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«No hay espacio suficiente y esto afecta con una presión significativa al suelo rústico. Es una necesidad y una demanda latente». Así justificó ayer el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, el principal acuerdo alcanzado ayer en el Consell d’Alcaldes, que permitirá incrementar en un 50% el suelo industrial en la isla.

Se trata concretamente de 84 hectáreas que se sumarán a las 190 existentes y afectará básicamente a los municipios de Sant Josep y Santa Eulària. Vila, Sant Antoni y Sant Joan, tal y como explicó Marí, cuentan actualmente suficiente capacidad en sus términos municipales y, en cualquier caso, ya contemplan ampliaciones del suelo industrial existente en sus planes generales.

El presidente Vicent Marí también insistió en que «su impacto será mínimo» ya que las 84 hectáreas adicionales, que pasarán de ser suelo rústico a industrial, forman parte de terrenos anexos a los actuales polígonos. En este sentido, Marí explicó que los ayuntamientos de Sant Josep y Santa Eulària tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para crecer en áreas de transición, mientras que el resto de municipios podrá desarrollar suelo que ya figura en el planeamiento municipal.

Otros acuerdos
Por otra parte, los cinco alcaldes de la isla y el presidente del Consell también acordaron trabajar conjuntamente en la «adopción de medidas que permitan paliar los efectos negativos de la llegada masiva de vehículos a las playas».

De este modo, cada ayuntamiento analizará los principales riesgos de sus zonas costeras más frecuentadas en temporada alta, con el fin de, conjuntamente, encontrar soluciones que pasen por regular aparcamientos y accesos.

«Es un trabajo que debemos hacer todos unidos y así poder evitar daños graves e irreversibles que pueden suceder si no se adoptan medidas con tiempo», detalló Vicent Marí. «Soluciones prácticas encima de la mesa» que acaben convirtiéndose en «mecanismos de vigilancia y control».

Con el acuerdo sellado ayer hay tiempo suficiente para plantear acciones factibles ya de cara a la próxima temporada.

Convenios por 3,5 millones
El Consell d’Alcaldes celebrado ayer también firmó el traspaso de 2,5 millones de euros por parte del Consell a los cinco ayuntamientos dentro del Pla 5 de cooperación municipal.
Cada municipio recibirá 500.000 euros para sufragar el 50% de obras financieramente sostenibles que se hayan ejecutado, se estén ejecutando o se vayan a hacer próximamente. El reparto lineal supone un cambio de criterio.

Dentro estas inversiones, Vila pretende actuar en la renovación de las pistas de pádel del complejo deportivo de es Viver, acondicionar caminos en el barrio de Cas Mut, reformar Can Ventosa o adecuar el solar municipal del paseo marítimo, entre otros.

Por su parte, Santa Eulària prevé invertir en el alumbrado público de diferentes partes del municipio, la adquisición de un furgón para la policía local o la mejora de infraestructuras y suministros en diferentes calles y espacios públicos.

Sant Josep, al igual que Sant Antoni y Sant Joan, ha optado por llevar a cabo trabajos de refuerzo y mejora del pavimento en diferentes vías del municipio, además de instalar equipos audiovisuales e instalaciones accesorias en el nuevo edificio de Caló de S’Oli.
Asimismo, las administraciones insulares también acordaron cumplimentar el Plan de Prestaciones Básicas con un millón de euros adicional destinado a una línea extraordinaria de ayudas para los colectivos más vulnerables afectados por la crisis de la Covid-19. Este se suma al otro millón de euros ordinario, que ya es el doble de lo que se destinó el año anterior.

El reparto se realizará teniendo en cuenta las necesidades de cada municipio, de manera que el Ayuntamiento de Vila recibirá 672.600 euros; el de Santa Eulària 514.600 euros; el de Sant Josep 369.400 euros; el de Sant Antoni 355.600 euros y el de Sant Joan 87.800 euros.