Tristeza, rabia e indignación en los vecinos por la batalla perdida

Al plomizo día en lo meteorológico se le sumó el desaliento que supone tener la evidencia de saber que, en menos de 30 días, tu hogar va a dejar de ser tuyo. En la noche del viernes, entre lágrimas, uno de los vecinos que ya han bajado los brazos llamaba a amigos y conocidos para que le ayudaran a hacer la mudanza a un futuro incierto. Aunque incierto en determinados aspectos, porque la única certeza que aseguró tener es que «todos los meses voy a tener que seguir pagando una hipoteca de una casa que seguramente no volveré ni a ver ni a ocupar».

La indignación y el no dar crédito a lo que estaba pasando eran las principales reacciones entre los vecinos, que todavía estaba digiriendo que tenían que estar fuera de sus casas en vísperas de navidad. Pero pese al duro varapalo tenían clara una cosa: «Esto es sólo una batalla, pero no la guerra». Y así se lo hizo saber a todos afectados la portavoz y presidenta de la comunidad, Silvia Hernández, que ya avanzó que van a recurrir este auto judicial.

«El Ayuntamiento se ríe en nuestra cara y en la de la prensa», aseguró Hernández. «Están diciendo mentiras e inexactitudes» en lo que calificó de una actitud de auténticos «trileros». Asimismo, recordó que si el juzgado ha tomado la decisión de desalojar las viviendas «es porque ellos lo solicitaron» y recordó que si el Consistorio tiene que obedecer la decisión judicial en este caso «también lo tenía que haber hecho cuando el juez dictaminó que tenían que realojar a los vecinos hasta que se ejecutaran las obras de rehabilitación», algo que no hicieron y por lo que estaban «en rebeldía». «En unos casos obedecen y en otros, no», aseguró la portavoz de los propietarios.

Hernández señaló a su vez que «ha quedado muy claro» que el equipo de gobierno municipal «ha cerrado los ojos ante los informes que dicen que no hay riesgo de colapso del edificio» e insistió en que los técnicos municipales «tendrán que estar muy seguros de lo que han firmado porque tendrán que demostrarlo ante un juez» y lo que hayan rubricado «puede que lleve acarreado algún tipo de indemnización para los afectados».

Recordó también que «somos la tercera o cuarta generación de compradores de buena fe de pisos en estos edificios y en ningún lado había ninguna anotación ni inscripción de que hubiera algo irregular». «Por una extraña razón, ahora no somos legales», sentenció.

«Estamos muy dolidos, con una rabia muy grande porque es un abuso de una administración a unos vecinos que no tenemos ninguna culpa», señaló la portavoz de los afectados, que agradeció a su vez el trabajo realizado tanto por el Consell d’Eivissa como por el Partido Popular para encontrar una solución a su dramática situación.