Ángel Luis Guerrero, alcalde de Sant Josep. | Daniel Espinosa

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Alcalde de Sant Josep desde marzo de 2021, a Ángel Luis Guerrero (Cádiz, 1967) le ha tocado bailar con la más fea. O, lo que es lo mismo, con la complicadísima gestión del desalojo de los Don Pepe. Está convencido de que las administraciones tienen una «obligación moral» hacia los afectados porque, asegura, «el sistema» se ha beneficiado de una situación que tendría que haberse resuelto hace tiempo. Llama la atención escuchar en un político esa asunción de responsabilidades. Pero Guerrrero, cordial en el trato y espontáneo, lo tiene claro: «Aquí hemos cometido errores todos».

—Cuando llegó al cargo en marzo de 2021 dijo sentir «un poco de vértigo». ¿Se ha acostumbrado ya?

—Un poco de vértigo tienes en este trabajo porque siempre hay un reto nuevo. El día a día va cambiando. Es verdad que es mucho más calmado ahora porque antes era una de los dirigidos y ahora soy el que dirige a un grupo de personas. Esto me hace estar más tranquilo, más sosegado. El equipo que tengo es muy bueno, trabajan, sacan las cosas adelante. Así que esa parte del vértigo sí que ha desaparecido.

—La pandemia de COVID-19 comenzó en marzo de 2020. El presidente del Consell, Vicent Marí, destaca de esta etapa la capacidad que han tenido todas las administraciones de tomar decisiones conjuntamente. Sin embargo, parece que ese consenso se ha roto en el caso de los Don Pepe. ¿Qué ha pasado con el convenio de las ayudas del Consell?

—Nosotros no hemos roto ningún consenso. Pero no está bien intentar aprovecharse de la situación desgraciada de estas personas. El convenio se empezó a negociar a principios de diciembre entre el Consell y los afectados. Nosotros ya lo habíamos hecho en junio. Este convenio nos lo pasaron después y pedimos algunos cambios y el Consell lo aprobó el día 23 de diciembre. El día 24 y el 31 este ayuntamiento estaba cerrado y el 25 y el 26 eran sábado y domingo. Yo estaba fuera y me llamaron para firmar el convenio y lo que pedí fue que el documento tuviera registro de entrada. Llamamos al Consell e hizo este registro de entrada el día 27. El día 29, aunque yo seguía insistiendo en que el convenio carecía de los informes necesarios, pues tiramos adelante.

—Ustedes critican que el convenio no contemple de qué forma se han de repartir estas ayudas.

—Exacto. Yo llamé a la consellera de Servicios Sociales, Carolina Escandell, y le comenté mi postura, le indiqué que había que poner cómo íbamos a dar las ayudas. Porque puede pasar que alguien entienda que le vamos a dar cada afectado 10.000 euros sin ningún tipo de justificación y estamos hablando de dinero público.

—Pide, entonces, control.

—¡Claro! Es que no puede ser que con dinero público actúes como si fuera otra cosa. Hay que controlarlo. Piense que el convenio indica que hay que hacer un reglamento que diga qué gastos son financiables. Es lo que yo pedía, sí, pero se tenía que hacer antes. De todos modos, ordené que se firmara el convenio y lo remitimos el día 30 al Consell. El día 1 de enero el Consell nos transfiere 300.000 euros y los 200.000 restantes se entregarán cuando se justifique la primera partida. Esto nos pidió que lo hiciéramos así la Intervención porque, si no, habría que justificar todo el dinero antes de 31 de mayo y eso no va a poder hacerse. Resulta que el PP nos acusa de no haber repartido aún esos 300.000 euros. ¡No ha dado tiempo! Y, por otro lado, tampoco podemos dar a los afectados un cheque de 10.000 o 15.000 euros sin justificar. Mientras tanto, el Ayuntamiento está dando las ayudas ya tramitadas, igual que ha puesto el cierre perimetral al inmueble o las alarmas o el apuntalamiento.

—Las víctimas de todo esto son los vecinos del Don Pepe y se sienten utilizados e indignados. Para usted puede que todo esté justificado pero el afectado no lo ve del mismo modo.

—Yo entiendo que a los afectados les urge el dinero. Pero las ayudas están garantizadas. Lo que hay que preguntarse es si se les ha prometido que se les daría un dinero por adelantado o un cheque regalo. Si se les ha prometido darles el dinero sin ninguna justificación, hablamos de una indemnización, no de una ayuda. Y, si es una ayuda, hay que tramitarlo como dice la normativa. Imaginemos que les damos el dinero sin mirar nada, que en parte es lo que dice el convenio, y les entregamos 5.000 euros por familia. Cuando llegue el 30 de mayo, solo pueden justicar, por ejemplo, 3.000 euros. Como ayuntamiento, ¿voy a tener que iniciar yo un procedimiento para que me devuelvan los 2.000 euros restantes? Seguiremos siendo los malos y eso es lo que yo no quiero. Por eso pido que el convenio esté muy bien atado.

—Cuesta entender que un edificio que tiene casi 60 años haya pasado tanto tiempo fuera de ordenación sin que nadie se dé cuenta. Y para los afectados debe ser durísimo ver que no pueden hacer absolutamente nada para salvar sus viviendas.

—Es una situación terrible para ellos. Lo que sucedió en 1964 nadie lo sabe. Pero lo que hay que dejar muy claro es que los que viven allí ahora no son culpables. Cuando uno va a comprar una casa, no se hace tantas preguntas como los que nos dedicamos a esto. Acuerdas un precio, vas a un banco, pagas al tasador, al notario, al registrador, la plusvalía. Nada te hace pensar que haya un problema. Por eso a los afectados se les considera terceros de buena fe, porque nada les hacía pensar que aquello fuera ilegal. Y durante los años que el edificio ha tenido su vida, el Ayuntamiento también ha liquidado los impuestos, el IBI, las basuras, el saneamiento… Yo entiendo la actitud de los vecinos. Pero la realidad es que el edificio no tiene licencia. Y no se puede hacer obras en las edificaciones que carecen de licencia. El espíritu de esta norma es que estos edificios se caigan solos. Por todo esto es por lo que, en el caso del Don Pepe, todas las administraciones estamos de acuerdo en que el sistema ha fallado. ¡Si es que hasta el Consell les dio las cédulas de habitabilidad!

—Entenderá que el pago de 10.000 euros o el de cuatro meses de alquiler no es una solución.

—Está claro que no lo es y por eso nos estamos reuniendo con los afectados para ver cómo se enfoca esto. La última reunión fue con la consellera Mercedes Garrido y con el conseller Mariano Juan, además de con los vecinos. Tenemos claro que la situación es dramática. Y las administraciones han de hacer planes a corto, medio y largo plazo. El Ayuntamiento se hará cargo de los gastos que conlleve a los afectados el desalojo. A medio plazo, han de llegar ayudas del Consell y el Govern. Y estamos estudiando una salida a largo plazo. La vivienda de protección, con la ley en la mano, solo se puede alquilar y aquí hablamos de propietarios. Hay que buscar una salida digna, fiable y posible para los afectados. Y, sobre todo, marcarles un horizonte. Si esto va a ser como lo que se hizo en Eivissa Centre, habrá que decirlo. Nosotros no tenemos suelo pero puedes buscar un rústico y reconvertirlo.

—¿Qué va a pasar con el edificio A? ¿Van a esperar a que se caiga? ¿Qué pasará con ese suelo?

—Siempre se ha dicho que allí se quiere hacer un hotel de cinco estrellas. ¡Y han dicho que yo quería hacerme un chale! Es un suelo que está en un parque natural. La Ley de Espacios Naturales (LEN) dice que el uso residencial está prohibido. Por lo tanto, no se puede utilizar el terreno para otra cosa que no sea restaurarlo a su origen. Dicen también que estamos expropiando por AENA. La realidad es que, cuando AENA ha querido expropiar, lo ha hecho con la escuadra y el cartabón. El Ayuntamiento no puede hacer nada allí. La propiedad será siempre de ellos. Se ha iniciado un expediente de ruina y no se hicieron alegaciones. Estos expedientes siempre concluyen con la orden de derribo de la edificación. Si los propietarios ponen un contencioso contra el Ayuntamiento, que es lo que han anunciado y que es lo normal, hay que paralizar estas actuaciones. Acabaremos en el juzgado y el Ayuntamiento tendrá que paralizar todo.

—¿Y qué pasará si la Justicia da la razón a los propietarios?

—En 2020, cuando se les denegó la licencia, se les dijo que presentaran un contencioso. Si les daban la razón en primera instancia, no recurriríamos. Pasaron las semanas y vimos que no lo presentaban. Les preguntamos y lo que nos dijeron fue que se les habían pasado los plazos. ¿Qué hacemos? No se puede dirimir algo si no has presentado el contencioso. Si lo hubieran hecho, probablemente tendríamos a estas alturas alguna resolución. Creo que han estado mal asesorados. Podrían haber presentado también otro proyecto y lo hubiéramos denegado y se reiniciarían los plazos. Aquí hemos cometido errores todos. El primero el Ayuntamiento por consentir esa edificación y no inscribirlo como un edificio fuera de ordenación.

—¿No hay ninguna posibilidad de que los vecinos puedan obtener la licencia para reformar el inmueble?

—Según los jurídicos del Ayuntamiento, no. El edificio no obtuvo licencia en 1964 y está fuera de ordenación. Hasta 2020 nadie intentó legalizarlo. Y, cuando cayó el trozo de forjado, es cuando el Ayuntamiento actuó. Los técnicos dicen que la situación de la estructura es que está en peligro. Cuando nosotros intervenimos, parte del edificio ya estaba apuntalado, lo cual indicaba que no estaba en las mejores condiciones. Y también hay que recordar que en 2018 también se pidió licencia y los mismos propietarios indicaban que el edificio había perdido toda su habitabilidad. El desconocimiento de la situación no es tal. En 2016, además, también el Defensor del Pueblo, a requerimiento de los propios vecinos, señaló que el edificio estaba fuera de ordenación. El Ayuntamiento no encuentra ahora mismo una salida legal para darle licencia.

—En 2002 sí se pudo evitar la expropiación de un grupo de viviendas que estaba en situación irregular junto al Aeropuerto. ¿Por qué no se puede hacer ahora lo mismo?

—Es muy importante dejar claro que no se está produciendo ninguna expropiación. Se está discutiendo la legalidad de una edificación. Desconozco lo que usted me cuenta pero lo que está claro es que algo que no ha obtenido licencia no se le puede dar después. Con lo que yo sé de urbanismo, si tú tienes una vivienda implantada ilegalmente en un suelo, si no cumples, no se puede legalizar.

—Si usted fuera uno de los afectados, ¿qué hubiera hecho?

—Enfadarme mucho. Habría pedido cita con el alcalde para que me explicara. Creo que mucha de la información que tenemos no somos capaces de hacerla llegar porque somos la entidad actuante. Parece que tenemos que ser los malos. Pero hemos intentado muchísimas cosas. Y somos los únicos que hemos puesto dinero para los afectados.