Durán recordó que el contrato, con una duración de cuatro años y la posibilidad de ampliarlo dos más, fue firmado por el Govern y la empresa en 2018. Como intermediadora se encuentra la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de Baleares, que tutela a la empresa en tanto en cuenta esta opera como centro especial de ocupación. Esta entidad comunicó a la empresa en octubre que el contrato no sería renovado a su finalización. Algo que dejará en la calle a 17 trabajadores con discapacidad.
Santiago aseguró que la empresa había incumplido en varias ocasiones el contrato. La consellera acusó a sus responsables no haber dado el servicio acordado a la residencia de mayores. «La residencia, que tiene una lavandería industrial en el sótano con un contrato para este servicio», afirmó Santiago, «ha tenido que hacer una lavandería propia».
Mercado Actual SL, además y según la versión de la consellera, también habría incumplido en lo relativo a mantener su actividad a lo largo de los cuatro años de contrato. Sin embargo, «en 2018 y 2019 la empresa cierra y deja sin servicio de lavandería a la residencia». Y en 2020 y 2021 «presenta tres suspensiones de contrato». A todo esto sumó Santiago el hecho de que la actividad industrial «genera problemas a los residentes» porque, aseguró, «sube la temperatura, genera ruidos y hace temblar».
La consellera afirmó que la de Sa Serra es «la única residencia de España y Europa» con una lavandería industrial en su sótano. Algo de lo que culpó a Jaume Matas: «Es como el velódromo o las óperas en medio del mar. Es la misma ocurrencia». Y añadió que no se renovará el contrato porque «esta lavandería industrial del señor Matas ha generado graves problemas de calidad a los residentes».
Santiago zanjó así la cuestión planteada por Margalida Durán. Sin embargo, no ofreció ninguna respuesta a lo que realmente quería saber la diputada del PP, es decir, qué sucederá con los 17 trabajadores que ahora quedan en la calle. Durán recordó que el trabajo es «la primera herramienta para la inclusión y contra el estigma» de las personas discapacitadas. En este sentido, subrayó que a través del empleo estas personas «adquieren una imagen positiva de ellas mismas y sube su autoestima, su autonomía personal, su independencia y sus relaciones sociales».
Durán dejó muy claro que el cierre de esta lavandería industrial «es el cierre de un centro especial de ocupación». Y también se preguntó por qué, si los incumplimientos por parte de la empresa han sido tan graves como para no renovar el contrato, no se le ha abierto un expediente. La diputada del PP, finalmente, exigió a Fina Santiago no quedarse «cruzada de manos» y buscar una solución para las 17 personas discapacitadas que han perdido su puesto de trabajo.
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