La Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE) expresó ayer una gran decepción con la primera ley educativa de Baleares, aprobada el pasado martes en el Parlament con el voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos.
A pesar de los esfuerzos realizados para conseguir una ley «innovadora, transformadora y que afrontara de manera decidida los problemas del sistema educativo balear», para el presidente de APDE, Joan Amorós, la nueva norma «no contempla ninguna de las mejoras planteadas en un inicio». Los docentes lamentaron que en ningún momento se han tenido en cuenta sus reclamaciones.
Amorós manifestó que, en los últimos tres años, la Administración se ha dedicado a «poner palos en las ruedas» a la hora de crear el Colegio Profesional de Docentes de Baleares, impidiendo que como asociación «hayan podido alzar la voz» a la hora de trabajar en la normativa. APDE lamentó así que no han sido recogidas las enmiendas planteadas a la ley educativa.
En este sentido, Amorós explicó que dichas enmiendas estaban directamente relacionadas con las propuestas de la plataforma Illes per un Pacte. «No es una ley que transforme o cambie nada y, además, están mintiendo cuando dicen que está basada en Illes per un Pacte», insistió el presidente de APDE.
Los docentes de Ibiza, en sus enmiendas, se referían a la provisión del profesorado en los centros y a la manera de poder conformar equipos estables en los claustros educativos. Además, reclamaban un aumento presupuestario, recordando que las islas, en esta cuestión, están a la cola del Estado español y, a la vez, el país está a la cola de Europa por culpa de unos presupuestos «ínfimos».
«Desde el 2015 los partidos que gobiernan prometen un 5% para Educación sobre el Producto Interior Bruto. Ahora, la ley marca que se podrá lograr este 5%, frente al 3% actual, hasta el año 2030. Es un presupuesto totalmente raquítico», criticó Amorós.
Lograr la verdadera inclusión
Otra de sus enmiendas iba encaminada a conseguir la autonomía real en cada centro o a lograr la verdadera inclusión puesto que Educación manifestó que la ley es «inclusiva»pero, al mismo tiempo, regula los centros de educación especial y las aulas UEECO, «auténticamente segregadoras», recordaron desde APDE.
La asociación de docentes en Ibiza también se refirió a la retirada, en el último momento, de la vehicularidad del castellano en los centros. Sobre esta cuestión, Amorós consideró que no se ha llevado a cabo un diagnóstico completo y, por lo tanto, no se abordado correctamente el problema lingüístico en muchos centros: «Hay zonas con una emergencia lingüística muy grande y en las que el catalán está completamente minorizado. Aquí debería haberse hecho una apuesta más valiente».
El presidente señaló que el castellano es una lengua muy presente en algunos espacios educativos «y, ponga lo que ponga la ley, las relaciones se construyen a partir de una comunicación». Para Amorós, el objetivo deseado sería que, al finalizar la enseñanza obligatoria, los alumnos dominaran tanto el castellano como el catalán.
«La ley no llegará a las aulas porque no está determinada por aquello que nosotros sabemos que pasa en las aulas», insistió.
Por último, Amorós lamentó que la comunidad educativa se mantiene en una situación «precaria», evidenciada principalmente durante la pandemia. Por ello, tachó de «oportunidad perdida» que algunas medidas implantadas, como la reducción de ratios, hayan sido eliminadas en los últimos meses.
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