El reglamento de simplificación administrativa e incentivos a los propietarios de suelo rústico podría suponer un ahorro de más de medio millón de euros en burocracia y gastos por retrasos a los ciudadanos de Ibiza. Es una estimación hecha por gobierno del Consell d’Eivissa, que este viernes presentó un texto del que destacaron más de dos años de trabajo en los que se han recogido aportaciones de los 5 ayuntamientos de la Isla, de 21 asociaciones que han sido invitadas a participar, de 5 colegios profesionales y de 5 departamentos del propio Consell durante las tres fases de consulta.
El reglamento será aprobado por el Pleno de la institución el próximo 24 de junio.
El presidente del Consell, Vicent Marí, destacó que la nueva norma es una herramienta para «conseguir dar una respuesta ágil en toda la ciudadanía. Si no se da una servicio rápido a todos los ciudadanos, una administración pública no puede ser eficaz».
La norma
El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, se encargó de explicar el texto que se divide en dos bloques: simplificación administrativa e incentivos al cuidado del paisaje rústico.
En cuanto a la simplificación administrativa, se eliminan las cédulas de primera ocupación que quedan integradas en la licencia municipal de primera ocupación y se elimina el certificado municipal de obra. Un trámite que hasta ahora se realizaba por triplicado siendo de facto la misma certificación.
Las cédulas de renovación y carencia no se eliminan porque, tal como explicó el conseller «suponen un importante control de disciplina urbanística», pero si que se reduce en la mitad el plazo de resolución, se simplifica la documentación que se tiene que presentar y se da capacidad de certificar en los Colegios Profesionales.
Se elimina la licencia previa para rehabilitaciones, reformas, restauraciones y consolidaciones de inmuebles no catalogados en suelo no protegido, agrupaciones de fincas, cierres urbanos, conservación y reparación que no impliquen modificaciones de parámetros urbanísticos, y que pasarán a otorgarse por comunicación previa.
Esta medida, que ya implantó de forma provisional el Govern, supone eliminar un 15% y un 20% de los expedientes que tramitan los departamentos de Urbanismo, muy saturados en todos los ayuntamientos de la isla.
En cuanto a las intervenciones arqueológicas en zonas no catalogadas, se reduce el plazo de resolución en la mitad y se da seguridad sobre cómo documentar los hallazgos cambiando la memoria científica por una simplificada. Este cambio agiliza el trámite sin eliminar la posibilidad de realizar una memoria científica más adelante. Se mantiene el silencio administrativo negativo para garantizar que se siga recogiendo cualquier tipo de hallazgo, una petición del Colegio de Arqueólogos.
Respecto a las agroestancias, una figura regulada a nivel balear que debía desarrollar el Consell, se establece la posibilidad de alquilar un máximo de tres habitaciones por explotaciones agrarias profesional con cuatro hectáreas contínuas de terreno de cultivo o diez hectáreas discontinuas. Las habitaciones deberán estar en la casa del productor y se permite alquilar un máximo de 60 días al año.
Unas medidas que Mariano Juan destacó como un «pacto de custodia del territorio» con los propietarios de suelo rústico para ofrecerlos incentivos al cuidado del paisaje.
Actualmente esta medida no se podrá aplicar debido a la congelación de plazas turísticas por parte del Govern balear.
Medidas reclamadas
La simplificación administrativa y reducción burocrática en materia urbanística era una reclamación de los colegios de arquitectos y aparejadores y el sector de la construcción desde hace años. El plazo de tramitación de licencias supera los dos años de media en varios municipios de la isla y está entre los más elevados de España.
La presidenta del colegio de Arquitectos de Ibiza, Carmen Navas-Parejo, celebró el avance y subrayó la importancia de una de las medidas solicitadas para que se controlen las obras en bienes catalogados. Además reclamó una actualización de los catálogos municipales de bienes para incluir obras arquitectónicas modernas de alto valor que en algunos casos no están protegidas. «Nos preocupa que con una comunicación previa se pueda intervenir en obras con cierto valor y cayendo en manos inexpertas se destruya la esencia de ese bien».
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Constructores de Ibiza, Consuelo Antúnez, celebró unas medidas en las que alabó el proceso participativo y el consenso logrado por el Consell. Si bien faltará ver su resultado, indicó que estas medidas pueden ahorrar mucho dinero y tiempo a los promotores de obras, que veían como los retrasos se traducían en intereses.
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