La fachada del edificio Azteca, ubicado en Marina Botafoch. | Irene Arango

Los vecinos del edificio Azteca, en Ibiza, han conseguido desokupar una vivienda de este complejo tras seis meses de lucha. Un desalojo que hubiese sido imposible de ejecutar sin el servicio de la empresa de control de accesos y seguridad Hispaval, que fue contratada por el propietario del domicilio okupado al comprobar que las denuncias contra los okupas «no servían de nada».

En este sentido, Aitor Ferrer, uno de los trabajadores de esta entidad señaló a Periódico de Ibiza y Formentera que, tras varios meses, han podido acabar con esta okupación ilegal por la vía más civilizada. «Lo hemos hecho de forma impecable, sin allanamiento de la vivienda okupada. A través de recabar información sobre ellos y buscar soluciones. Ahora el edificio está más limpio que una patena», subrayó Ferrer con ademán de satisfacción.

Organización vecinal

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Este trabajador y Diego Torrente, otro empleado de la empresa Hispaval, han sido los cabecillas de un plan que ha contado desde el principio con la colaboración de los vecinos, empezando por la cooperación de la presidenta de la comunidad. Como ya adelantó este medio a finales de agosto, los residentes sufrían cada día el acoso de estos okupas. «Reportan ruidos e insultos. Nos han amenazado y han causado desperfectos en zonas comunes», explicaron los residentes en su momento. La situación se hizo tan «insostenible» para ellos que, a través de acuerdos de la comunidad de vecinos adoptados por la Junta, se planeó cambiar la cerradura del portal para impedir el acceso de los okupas una vez abandonaran la vivienda. «Esta medida les complicó la vida. Ya no tenían vía libre para poder acceder al inmueble», explicaron desde la empresa de seguridad. Esta situación hizo que, poco a poco, muchos decidieran marcharse, pasando de 20 okupas a siete personas. En este sentido, Aitor Ferrer señaló que tuvieron que «apretarles un poco» para negociar la salida civilizada de los habitantes ilegales que todavía permanecían en este inmueble. Entre ellos, proxenetas, prostitutas, traficantes de droga y mujeres embarazadas. Sin ir más lejos, la Guadia Civil arrestó a tres de estos jóvenes por vender cocaína rosa en este domicilio.

Acuerdo

En este sentido, Aitor Ferrer explicó que, tras varias conversaciones con ellos, se pactó la retirada de las 50 denuncias interpuestas durante estos meses por los vecinos si ellos abandonaban la vivienda. Asimismo, las denuncias formalizadas fueron por suplantación de identidad, usurpación de bienes inmuebles y defraudación de fluido eléctrico, puesto que tenían pinchada la luz y el agua, según Aitor Ferrer. Este acuerdo supuso el desalojo total de unos okupas que, según este trabajador, habían dejado este bajo con terraza y piscina lleno de «mugre». «Al entrar nos encontramos con pulgas, garrapatas y piojos. Incluso se habían dejado en el domicilio las cuerdas que utilizan para envolver las bolsas de droga. Han convertido la vivienda en un vertedero», puntualizó.