Imagen de archivo de una parada de taxis.

El Ayuntamiento de Ibiza ha trasladado al departamento de Transportes del Consell d’Eivissa un informe jurídico con el fin de que sea la institución insular la que se pronuncie sobre posibles sanciones a dos taxistas de otros municipios que rechazaron prestar servicios de vehículo adaptado el pasado mes de septiembre en la ciudad. Los hechos se produjeron los días 8 y 10 y, según el Consistorio, ha sido la Federación Insular del Taxi (FITIE) la que ha confirmado que estos servicios no se asignaron a taxistas de Vila sino «a vehículos de otros municipios».

El primero de los servicios rechazados tenía como destino el puerto de es Botafoc. El usuario necesitaba un taxi adaptado y así lo solicitó «en dos ocasiones sin respuesta». En el segundo caso, el cliente necesitaba un vehículo similar para ir al Aeropuerto y el servicio «fue rechazado dos veces».

El concejal de Movilidad, Aitor Morrás, recordó que «este tipo de servicios, tanto al puerto cojo al Aeropuerto y al hospital, son esenciales y han de ser prioritarios». «No podemos permitir que se repitan circunstancias como esta», advirtió en un comunicado, «y por eso, y una vez constatado que los taxis no son de Ibiza y que desde el Ayuntamiento no podemos imponerles ninguna sanción, estas incidencias se han puesto en conocimiento del Consell para que lleve a cabo las acciones oportunas».

En el mismo comunicado, Morrás destacó que estos hechos pueden ser sancionados tanto por el Consell como por los ayuntamientos a los que pertenecen las licencias de estos taxistas. En este sentido, el edil recordó que así lo establece el Régimen Jurídico del Sector Público, «que reconoce las técnicas de colaboración entre administraciones públicas y establece la emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que inciden en sus competencias». Por este motivo ha sido que el Consistorio ha decidido remitir el informe jurídico al Consell.

Por otro lado, el concejal también ha recordado que el hecho de que estos taxistas se hayan negado a «prestar servicios esenciales sin causa justificada» está considerado como «una infracción muy grave recogida tanto en el artículo 89 de la Ley de Transporte Terrestre y Movilidad Sostenible de Baleares como en el artículo 36 del Reglamento del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros en automóviles ligeros de alquiler con conductor del Ayuntamiento de Ibiza». Ambas normas, indicó Morrás, contemplan multas de entre 1.001 y 6.000 euros por estas infracciones. El edil, finalmente, indicó que la Concejalía de Movilidad de Vila ha sancionado este verano a siete taxistas del municipio por rechazar servicios esenciales al hospital de Can Misses.

Fuentes del departamento insular de Transportes, finalmente, rechazaron pronunciarse sobre este caso hasta no analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento.