Un autobús recogiendo pasajeros en la estación del Cetis este verano. | Marcelo Sastre

El conseller de Transportes en Ibiza, Javier Torres, ha recordado este miércoles al concejal de Movilidad en Vila, Aitor Morrás, que el Ayuntamiento nunca habría firmado el convenio que va a permitir la integración del transporte público interurbano en el futuro servicio insular si considerara que el Consell no va a poner en marcha un eficiente transporte público.

«Si el Ayuntamiento de Eivissa no confiara en que va a hacerse un buen trabajo, no hubiera suscrito este convenio», consideró.

Torres puntualizó también que el edil sabe «perfectamente» el tipo de proyecto que se va a licitar «muy pronto». Morrás manifestó el martes que la creación en Vila de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) está condicionada a la puesta en marcha de un transporte público colectivo «eficiente», lo cual está en manos del Consell d´Eivissa. Por tanto, no hay plazos estimados para limitar en el municipio la circulación de vehículos sin distintivo ambiental.

Aunque con el tiempo justo, el conseller no descartó que el servicio insular pueda licitarse antes de que finalice el año, aunque todo dependerá de organismos externos como la Oficina Nacional de Evaluación. Los pliegos del proyecto estarán terminados en próximas semanas, según recordó.

«Es un proyecto muy ambicioso, que supera con creces lo que estaba previsto la pasada legislatura, con un Plan de Transportes que no pasó de la aprobación inicial en cuatro años», reiteró.

Según explicó también el titular de Transportes, cuando un municipio supera los 50.000 habitantes, pasa a ser obligatorio que éste cuente con un transporte público interurbano. En el caso de Vila, con unas dimensiones reducidas, no tendría ningún sentido que dicho servicio solo pudiera circular por la ciudad, sin poder salir de los límites municipales. Por ello, el conseller destacó la importancia de que este transporte pueda integrarse en el servicio insular licitado por el Consell.

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«El servicio no estaría coordinado y la gente tendría que viajar con dos tarjetas. Además, el Ayuntamiento no tiene firmado un acuerdo con el Consorcio de Transportes de Mallorca, con lo que el sistema informático sería distinto y los traslados, mucho más caros», recordó Torres.
Por tanto, el conseller recomendó considerar todos los beneficios que supondrá la integración del servicio de transporte público de Vila.

Tiempo y trabajo

«El Ayuntamiento de Eivissa gana en todos los sentidos porque no deberá realizar ninguna tramitación, puesto que la haremos nosotros, y ya se ve que es un proyecto que lleva mucho tiempo y trabajo, sobre todo para hacerlo bien», reiteró.

Torres aprovechó también para recordar que, inicialmente, Vila no quería que los autobuses entraran en la ciudad porque «la saturaban». «Esto, gracias a las negociaciones, ha podido cambiarse. Hubiera sido contradictorio que el Ayuntamiento no dejara entrar vehículos privados ni tampoco al transporte público», añadió.

El conseller celebró que «antes de aplicar restricciones, esperen a contar con alternativas», en relación a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Con el objetivo de cumplir la normativa estatal, el Consell d´Eivissa también deberá definir en clave insular una zona de bajas emisiones.

Sobre la situación de la movilidad en Vila, Javier Torres hizo balance de la normativa que ha obligado este año a parar los taxis un día a la semana: «Puedo estar de acuerdo en el fondo, pero si se ha obligado a parar 35 taxis al día y había la misma gente que en 2019, cuando seguramente ya eran necesarios más taxis, lo suyo es haber sacado, como mínimo, más licencias estacionales. Aquí todo el mundo tiene parte de responsabilidad y es muy cómodo echar la culpa a otros».

Cabe recordar que Vila anunció este pasado martes la creación de una zona de bajas emisiones condicionada a la puesta en marcha de un transporte público colectivo «eficiente». Por tanto, no hay plazos estimados de su puesta en marcha hasta que no entre en vigor el nuevo servicio insular de bus. Las ciudades con más de 50.000 hbaitantes y territorios insulares deben delimitar zonas de bajas emisiones. En el caso de la isla de Ibiza, sólo Vila estaría obligada para así cumplir con la Ley de Cambio Climático.