El Pleno de Sant Josep ha dado luz verde este lunes a la tramitación, por parte del Consell de Ibiza, de las normas provisionales con las que el Consistorio pretende paralizar el urbanismo municipal hasta la redacción y aprobación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El alcalde, Ángel Luis Guerrero, ha dejado claro durante sus intervenciones que estas normas permitirán frenar «el caos» en el que se encuentra sumida la ordenación urbanística de este municipio debido a «22 años de urbanismo a la carta» en referencia a los gobiernos conservadores.
Guerrero ha asegurado que este lunes es una día para estar «contentos y tristes» porque la suspensión del urbanismo municipal no deja de ser «el resultado de una mala gestión y de no hacer lo que se había proyectado en las normas subsidiarias de 1986». El socialista ha señalado que el Consistorio, entre otras consecuencias, esto ha provocado que el Consistorio no haya recibido los aprovechamientos que debía recepcionar desde finales de los años 80. Algo que ha provocado que el municipio, por ejemplo, no tenga suelos para la construcción de vivienda protegida, nuevos colegios o equipamientos públicos. Sin embargo, las nuevas normas provisionales sí permitirán contar con suelo para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en can Burgos. Un proyecto que ha sorprendido al concejal de Ciudadanos, Daniel Becerra, quien se ha preguntado qué sentido tiene cuando existe otro cuartel a menos de un kilómetro. Por ello, ha preguntado a Guerrero si conoce qué piensa hacer el Ministerio de Interior con la antigua caserna.
Más crítico se ha mostrado sobre esta cuestión el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, quien ha asegurado que, si en las elecciones de 2023 la formación logra algún tipo de responsabilidad municipal, suspenderá este proyecto con el fin de destinar este suelo a otros equipamientos «de más interés general para la isla». Prats, además, ha criticado que Guerrero haya llevado a Pleno las nuevas normas provisionales redactadas únicamente en castellano y ha aprovechado este hecho para arremeter contra el Consell d’Eivissa por su política lingüística.
Lo cierto es que tanto el Gobierno municipal josepí como los ediles del PP han ido a una a la hora de exponer la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva con el urbanismo de Sant Josep. Ambas formaciones se han turnado al frente del Consistorio desde la llegada de la democracia, por lo que tanto socialistas como conservadores podrían considerarse responsables de la situación actual. Sin embargo, Guerrero no ha accedido a hacer la autocrítica que le ha exigido Ciudadanos sobre esta cuestión, mientras que el concejal del PP Vicent Roig ha asegurado que su formación ya asume la responsabilidad que le toca desde el momento en el que ha pactado con el PSOE la redacción de estas normas provisionales que ahora deberán ser tramitadas por el Consell.
Roig ha agradecido a Guerrero «huir del sectarismo» y ha recordado que, de 35 años de gobiernos municipales, 13 han correspondido al PSOE. «Las normas subsidiarias», ha dicho, «son el fracaso de todos. Ahora, las normas provisionales permitirán poner orden y seguridad jurídica y lograr más suelo para el Ayuntamiento». El edil ha recordado que el PP aprobó desde el Govern la Ley de Espacios Naturales (LEN) y las Directrices de Ordenación Territorial. Por ello, ha exigido a la izquierda «lealtad institucional» y evitar la crítica contra el PP en materia urbanística. Las nuevas normas, ha señalado, «se han consensuado con el Consell». Y en este consenso ha participado el grupo municipal del PP, que «ha exigido más ambición en esta aprobación». También ha destacado puntos de estas normas provisionales como los relativos a incrementar la dotación de suelo industrial, propuesta por el Consell, o la consecución de los terrenos necesarios para las nuevas viviendas de los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe. «El equipo de Gobierno», ha denunciado en este sentido, «les había creado el problema y ahora tendrán una opción habitacional».
El portavoz de Ciudadanos, Daniel Becerra, ha apoyado la medida, aunque ha señalado que «solo resuelve parte del problema». Becerra, además, ha mostrado su total desconfianza en que Sant Josep pueda contar en el futuro con su propio PGOU: «Ha pasado de ser una necesidad a convertirse en una utopía. Una cruz que lleva cada alcalde y que la arrastra como un penitente. Se ha hecho todo tan rematadamente mal, que nunca podremos sacar ese PGOU».
El portavoz de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, además de criticar que el documento no haya sido redactado en catalán y que se destine suelo a un nuevo cuartel de la Guardia Civil, ha asegurado que las nuevas normas provisionales son «confusas», lo que beneficiará «a los que tienen mucha capacidad económica». También ha lamentado que no se aproveche el momento para «ir más allá» y desclasificar suelos. Un deseo al que el Consistorio no puede responder porque, tal y como ha dejado claro el alcalde, esto solo puede hacerse con un nuevo PGOU y no con una normativa que lo que persigue es paralizar, en la medida de lo posible, el urbanismo municipal hasta contar con un planeamiento urbanístico definitivo.
Muy crítico ha sido también el concejal de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, que ha votado en contra y ha calificado el documento de «'magarrufada' legal consensuada por cuatro partidos». Torres ha recriminado al Gobierno municipal no haber buscado el apoyo de todos los grupos con representación en el Consistorio y ha criticado cuestiones como la falta de los informes medioambiental y económico, además de la tendencia a mantener que en Sant Josep se impida el crecimiento poblacional al no contemplar apenas edificios plurifamiliares. Torres ha puesto en duda que sea un problema de recursos hídricos puesto que, ha dicho, es posible construir una desaladora que ofrezca agua suficiente para el municipio. Por parte de Vox, la concejal Pino Vidal también ha rechazado las nuevas normas.
Unidas Podemos, socios de gobierno del PSOE, se ha mantenido en silencio a lo largo del debate. Solo al final, ha intervenido Pere Ribas, tercer teniente de alcalde, y tras las críticas de algunos ediles por su no intervención. Ribas ha señalado que a veces es necesario saber «ceder» y «llegar a acuerdos». Ribas ha calificado de «hecho muy importante» el «enterrar las normas subsidiarias de 1986». Y ha dado su total apoyo al PSOE en la gestión que ha realizado a lo largo de este año con el Consell d’Eivissa para este objetivo.
La sesión plenaria ha terminado con un enfrentamiento entre Vicent Torres y Ángel Luis Guerrero porque el primero ha intentado responder a Unidas Podemos a pesar de no haber sido aludido en la intervención de Pere Ribas. Guerrero ha recordado que Ribas «no ha abierto ningún debate». «Mañana usted puede pedir que salga el color verde en el cielo», le ha dicho el alcalde al edil de Proposta per Eivissa como fin del debate.
1 comentario
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Todas las veces que el Urbanismo ha sido suspendido en San Josè ha sido por obra y gracia de los socialistas, y esto afecta al bolsillo del contribuyente que tiene que continuar pagando los arbitrios mientras ellos, los polìticos, se siguen llenando los bolsillos.Esperamos algun desaguisado y sino, tiempo al tiempo. Cuantos aeropuertos quiere el Sr. Prats que tengamos que pagar si continuamos desclasificando suelos? Punta Pedrera es un ejemplo paradigmàtico.Se ha comprado con dinero pùblico para tener okupas y escombros.No sè si serìa un lugar ideal para un cuartel de la Guardia Civil pero desde luego mucho mejor que poner otro cuartel al lado de otro como por lo visto se pretende ahora.Toda el àrea de Cala de Bou queda desatendida al depender del cuartel de Can Cifre dado que los cuarteles ahora sòlo atienden al municipio al que pertenecen.Claro, cuando llegan los de San Jorge, si llegan, los chorizos estan ya en la otra punta de la isla.