El Ayuntamiento de Sant Josep ya ha encargado a un arquitecto el proyecto de demolición de Casa Paola y está a la espera de recibirlo para poder empezar a licitar las obras. Fuentes municipales han recalcado que, una vez avanzada esta etapa, se haría el decreto de ejecución, en el que se notifica a la propiedad el día y la hora en el que se va a acudir para proceder a iniciar los trabajos.
La defensa de Paquita Marsans niega la versión del Ayuntamiento y explica que,
con respecto al expediente de ejecución subsidiaria de Casa Paola, el letrado de la Francisca Sánchez ha presentado alegaciones en fecha 30 Septiembre del 2022 ante el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia que están pendientes de resolución.
En dicho escrito de alegaciones por los motivos y fundamentos jurídicos que se expresan en el mismo se pide la suspensión del expediente de ejecución subsidiaria. Dichas alegaciones no están resueltas por el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, por lo que antes de hacer nada deberán resolver las alegaciones presentas por la defensa de Francisca Sánchez.
En caso de que suceda lo que pasó en Casa Lola, que no se permitió la entrada de la delegación municipal para proceder a ejecutar los trabajos, «es cuando se iría a los juzgados a solicitar la autorización de entrada en la finca». «Lo único que ha cambiado en relación con lo que pasó en Casa Lola», han explicado desde el Ayuntamiento, «es que en aquella ocasión se buscó la empresa para realizar los trabajos a posteriori y ahora se quiere tener la contratación antes para agilizar el proceso».
Según el expediente de disciplina urbanística incoado en 2016, las construcciones que se tienen que derruir en Casa Paola son un volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendría un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de 150 metros cuadrados cuyo uso probablemente también sea residencial. A estos casi 500 metros cuadrados hay que sumarle la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales.
Asimismo, y según se desprende del expediente de disciplina urbanística abierto por Sant Josep, durante la visita de los celadores a las obras ilegales se comprobó también cómo reiteradamente se fueron incumpliendo las órdenes de paralización emitidas por el Ayuntamiento, «hecho por el cual se consideró a la propietaria, Inversiones Hoteleras Faro, responsable de una infracción urbanística muy grave y se le ordenó la reposición de la vivienda a su estado anterior, además de advertirle de la apertura de un expediente sancionador por estos hechos». El coste de este derribo se ha estimado en unos 105.000 euros, que se liquidarán provisionalmente por el Consistorio si finalmente tiene que asumir esta labor.
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