Funcionarios y representantes del CSIF, ayer, en Sa Graduada. | Daniel Espinosa

Los funcionarios de la Administración de Justicia en Ibiza secundaron ayer ampliamente la primera jornada de huelga indefinida. El colectivo reclama una serie de mejoras laborales y salariales y ha instado a los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública a negociar tras haber alcanzado un acuerdo con jueces y fiscales.

En el caso de Ibiza las paralizaciones a largo plazo podría conllevar la suspensión de vistas y causas que se demorarían dos años, según explicó Juan Nieto, presidente del CSIF en las Islas Baleares. Nieto y el responsable de Justicia Sabino Aramburu se concentraron a media mañana junto a un grupo de trabajadores ante los juzgados de sa Graduada. Los participantes en la protesta mostraron carteles con la leyenda: «Por una LOEO sin trampas. Funciones claras y retribuciones justas».

Desde el CSIF indicaron que la primera jornada de huelga indefinida fue secundada por entre un 65 y un 70 por ciento de los funcionarios de la Administración de Justicia en Baleares.

Según informaron, este paro afectó a alrededor de 5.000 actuaciones en las Islas Baleares.
«Somos quienes hacemos el trabajo que otros cobran», aseguró el comité de huelga, que pide «reconocimiento» y «respeto».

Tras más de un mes de movilizaciones puntuales que ha supuesto la suspensión de medio millón de juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales en toda el país, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT convocaron a una huelga indefinida a 45.000 funcionarios, el 93 por ciento de la plantilla de juzgados y tribunales, para aumentar su presión sobre el Gobierno.