El protocolo suscrito por el Consell d´Eivissa con la plataforma Airbnb y la Policía Nacional ha permitido identificar hasta la fecha más de 100 perfiles anónimos que comercializaban irregularmente viviendas turísticas en Ibiza.

El vicepresidente insular y conseller responsable de la Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, recordó ayer que, en muchas ocasiones, quien alquila una vivienda turística ilegal no es el propietario, sino una tercera persona. Por ello, «era tan importante poder identificar al comercializador», insistió Juan, recordando que si un propietario no actúa siendo conocedor de una comercialización irregular, también será sancionado.

«El anonimato se ha acabado», insistió Mariano Juan.

Desde la puesta en marcha de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, a finales de 2019, han sido interpuestas por esta actividad más de 170 sanciones frente a los cerca de 50 expedientes tramitados durante el último gobierno progresista en el Consell.

El conseller Mariano Juan precisamente quiso resaltar ayer que estos más de 170 expedientes se han traducido en más de 1.000.000 euros recaudados, precisando que esta cantidad hace referencia a todo el departamento de Ordenación Turística y no sólo a los pisos turísticos ilegales. En cualquier caso, la cifra es bien importante -según reconoció Juan- puesto que durante la última legislatura progresista la recaudación por estas infracciones rondó los 80.000 euros.

Nuevas fórmulas

«Siempre he dicho que no sólo hay que aspirar a que la Oficina de Lucha contra el Intrusismo sea un lugar de tramitación de expedientes, sino que debe seguir siendo una palanca para transformar otros mecanismos que permitan trabajar mejor», reiteró.

A la hora de buscar nuevas fórmulas para identificar a posibles comercializadores irregulares, el conseller afirmó que deben seguir luchando junto al Govern balear para conseguir que cambien las directrices europeas y que las plataformas sean también responsables de lo que en ellas se publicita, algo que hasta ahora no sucede.

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Por tanto, habrá que buscar la manera para que dichas páginas puedan comprobar de manera automática si lo que van a publicar es o no legal. «Supondría una vuelta de tuerca en la Unión Europea para otorgar más responsabilidad a estas plataformas, que han generado un antes y un después en el alquiler turístico», insistió.

Sobre la posibilidad de precintar un piso turístico ilegal detectado, Juan recordó que cuentan ya con el compromiso del Govern de estudiar la propuesta del Consell puesto «que es un problema compartido por todas las islas». En este sentido, consideró que no es tanto interponer sanciones para acabar con el problema, sino poder llegar a evitar la infracción, utilizando para ello mecanismos incluso de tipo penal.

«No tiene sentido que se pueda decretar el cierre de una cafetería o de un hotel y no se pueda clausurar un piso turístico que realiza una actividad», concluyo.

En estos últimos meses son numerosos los expedientes abiertos por el Consell d´Eivissa a viviendas turísticas comercializadas de manera irregular. Nada más comenzar este 2023, la institución informó que durante el año anterior habían sido resueltos 41 expedientes.

Recaudación

La máxima institución insular aseguró haber multiplicado por tres respecto a legislaturas pasadas la recaudación en multas por este tipo de irregularidades. En este punto es preciso recordar que el alquiler de pisos a turistas está prohibido en Ibiza y sólo se permite el arrendamiento de viviendas unifamiliares a turistas, siempre y cuando estén dadas de alta como tal y hayan pagado su correspondiente tasa.

En uno de los casos denunciados, el Consell resolvió interponer una sanción de 20.000 euros a un ciudadano español por comercializar una vivienda turística ilegal en pleno centro de Ibiza, concretamente, en la calle Emili Pou número 11, en el barrio de La Marina.

El responsable del inmueble lo publicitaba turísticamente en una conocida página dedicada a este tipo de alquileres y cobraba 450 euros la noche, incluyendo servicios como sábanas, televisión o Wifi, además de una tarifa adicional de 50 euros por la limpieza.

A lo largo del año, son numerosas las ocasiones en las que el Consell d´Eivissa ha informado sobre este tipo de sanciones. El pasado mayo, multaba también a cinco comercializadores más por alquilar viviendas turísticas ilegales en Vila, Jesús y Sant Josep. En aquel caso, interpuso cuatro sanciones de 20.000 euros y una de 40.000.