Foto de archivo de un pleno de Santa Eulària.

El pleno de mañana jueves debatirá varias modificaciones de Ordenanzas Fiscales que incluyen la actualización y modernización de algunos precios públicos que no se habían tocado desde hace más de una década en algunos casos, como en la de actividades deportivas, revisada por última vez en 2011 cuando en todo este tiempo el IPC ha subido un 25%. La fuerte inflación y la obligación legal de que una tasa cubra el coste del servicio al que se refiere -de forma que no obliguen a entrar en déficit al Ayuntamiento o a rebajar la calidad el servicio- son los motivos por los que se proponen dichas actualizaciones. Se cumple así con la obligación de ofrecer unos niveles de calidad acordes con lo que se merece y reclama la ciudadanía.

El posible impacto en los bolsillos de los vecinos y empresas del municipio ha sido estudiado para que sea lo más asumible posible. Especialmente en el caso de las personas más vulnerables, las cuales tienen a disposición en muchos de los servicios del Ayuntamiento bonificaciones sociales del 50% o el 100% (jubilados y pensionistas más vulnerables, familias numerosas, monoparentales o parados, entre otros), además del apoyo de Servicios Sociales en los casos más agudos.

Así, por ejemplo, el bono de baño libre para 11 meses para adultos pasa, como dice el PSOE, de 150 a 195 euros, lo cual implica una subida de 4 euros al mes. En el caso de los cursillos para niños se ha hecho un esfuerzo y se mantienen los precios. En el caso de los locales de es Canar, como dice la Ordenanza pero omite el PSOE, sólo se actualiza a aquellos negocios que ocupan la vía pública en la zona peatonalizada este verano, la cual supone un incremento del valor de su negocio y un más que previsible aumento de las ventas en el mismo. Otra modificación, por ejemplo, es la variación del coste que debe pagar una vivienda particular de hasta 150 m2, cuyo propietario pasa de pagar 103 a 125 euros al año, es decir, menos de 2 euros más al mes. Y eso si no se aplica el descuento de 30 euros por uso de las Deixalleries, el 20% por compostaje o las exenciones del 50% o el 100% por ser consumidores vulnerables. Además, estas bonificaciones y exenciones son acumulables.