Poco más de un año después de que la perra Lía fuera apartada de sus dueños cuando era una cachorra por denuncias de maltrato parece ser que su vida no ha mejorado como se esperaba.

El perfil de redes sociales de la Fundación Contra el Maltrato Animal ha publicado imágenes recientes donde se ve a la perra atada y con bozal puesto en la misma terraza donde fueron captadas las imágenes que en septiembre del año pasado acompañaron la denuncia vecinal a la Policía Local de Sant Antoni.

Según se relata en el post, Lía fue devuelta a sus dueños tiempo después de estar en una fundación de la isla donde intentaron socializarla y darle los cuidados que toda mascota merece, mientras se esperaba la resolución del Ayuntamiento de Sant Antoni que le diera la posibilidad de que una familia la adoptara.

Entonces, desde Can Gossos, anunciaron que «por decisión del Ayuntamiento de Sant Antoni y la resolución de justicia de no considerar el maltrato animal a pesar de todos los informes presentados, la cachorra de Pitbull ‘Lía’ ha sido recogida por su dueña después de haberle concedido la licencia de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP)».

Ahora, siempre según se puede leer en esa publicación, el animal pasa muchas horas durante el día y la noche en esa terraza bajo las diferentes inclemencias climáticas, atada y sin poder beber ni comer a causa del bozal, sola y «entre basura y mis propios excrementos».

Desde la Fundación Contra el Maltrato Animal solicitan colaboración para pedir su «libertad lejos de estas malas personas» a Benestar Animal de Sant Antoni.

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Las medidas

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha explicado este lunes por la tarde que «está trabajando en base a lo que marca la normativa correspondiente, respetando el procedimiento y plazos existentes, en referencia a un presunto caso de maltrato animal en el municipio».

En este sentido, los primeros hechos que pudieran ser constitutivos de denuncia ocurrieron en agosto de 2022. Según la Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales que viven en el entorno humano, y los datos de los que disponía el Ayuntamiento, «no se pudo verificar un maltrato al animal. En cambio, sí se pudo actuar en cuanto a infracciones administrativas», han precisado.

La perra volvió en febrero con su propietaria después de que consiguiese la licencia para la tenencia de PPP. Desde ese momento, el Ayuntamiento «ha realizado un total de cuatro inspecciones, ya sea por parte de los técnicos del Consistorio como por parte de la Policía Local de Sant Antoni».

Según han detallado, «en las tres primeras inspecciones no se detectaron in situ indicios de maltrato ni indicios sancionables administrativamente. Sin embargo, en esta última inspección se comprobó la colocación del bozal y que el animal hace uso de la terraza como su espacio habitual».

Por ello, y con la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2023, de la nueva Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los derechos y el bienestar de los animales, estas conductas están tipificadas como infracciones y desde el Ayuntamiento de Sant Antoni han anunciado que ya están trabajando en la resolución de las mismas al amparo de la citada norma. Estos dos hechos constituyen infracciones según la nueva ley y se han incoado los correspondientes expedientes sancionadores.

El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de veterinarios funcionarios del Consell Insular de Ibiza y se está programando una quinta inspección con medios externos y con Policía Local para constatar el estado en el que se encuentra el animal.