El Govern balear prepara una nueva regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con la que pretende evitar verse obligada a conceder una avalancha de licencias pendientes, y en la que plantea, además, suprimir la contratación con 30 minutos de antelación mínima en la Comunidad.
Según han explicado fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, las Islas necesitan adaptar su normativa a raíz de varias sentencias que afectan a los VTC.
Por una parte, el Tribunal Supremo se pronunció el pasado febrero sobre un decreto del País Vasco anulando el artículo que exigía a los VTC una contratación con 30 minutos de antelación, una medida que también contiene la regulación de Baleares. En aquel caso también anuló el artículo que prohibía la geolocalización de vehículos que no hayan sido previamente contratados.
Por otro lado, el pasado junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia relativa a la regulación del área metropolitana de Barcelona, se opuso a la limitación de una licencia de VTC por cada tres licencias de taxi.
Sólo este 2023 en Baleares se han presentado más de 10.000 solicitudes de licencias de VTC, sobre todo en Ibiza y en Mallorca y especialmente tras la sentencia europea.
Ello, en un momento en el que el Govern está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legislación balear. Este mismo año el Tribunal Supremo elevó al TC una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma isleña --Decreto Ley 1/2019--, y en junio el TC la admitió a trámite. El Supremo planteaba que la antelación mínima exigida podría suponer una vulneración del artículo 38 de la Constitución, sobre la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Por eso, desde la Conselleria advierten que si el Govern no promueve una nueva regulación, se corre el riesgo de que una parte importante de las miles de licencias solicitadas se acaben concediendo por sentencia judicial.
Criterios medioambientales y de tráfico
Desde la Conselleria no han concretado cuál sería la fórmula para limitar la concesión de licencias, si bien han recordado que un Real Decreto estatal daba a las Comunidades margen para establecer limitaciones en base a criterios medioambientales y de congestión del tráfico.
Las fuentes consultadas también insisten en que la nueva regulación no está aún cerrada y se encuentra en fase de negociación con los Consells y los sectores económicos afectados, con los que ya se han mantenido reuniones. La aprobación de la norma, en cualquier caso, no es inminente.
La Conselleria asegura que la futura regulación, "además de introducir mejoras en sostenibilidad, tráfico y movilidad, permitirá mejorar la competitividad y modernización del sector del taxi" y mejorar la movilidad en general.
El aterrizaje de Uber este año en Mallorca e Ibiza ha generado descontento entre las patronales del taxi, quienes acusaron a la empresa de no acatar los 30 minutos de antelación. El director general de Uber en España, Felipe Fernández, remarcaba por su parte que lejos de un enfrentamiento con el sector del taxi lo que aspiran es a tejer alianzas y acuerdos para que "todos los taxis de Mallorca" se sumen a la aplicación en los próximos años.
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