4.462.000 euros. Esa es la cantidad que el Ayuntamiento de Eivissa tendrá que retornar al Ministerio de Hacienda por no haber ejecutado los proyectos para los que este dinero había sido adjudicado. Se trata de una partida económica que procede de los los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y que debía articularse a través de un programa llamado Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, más conocido por sus siglas como EDUSI. Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, Vila recibió estos fondos en la primera legislatura del socialista Rafa Ruiz y, desde entonces, el Gobierno liderado por el PSOE no sacó adelante los proyectos para los que había solicitado el dinero.
En un primer momento, el objetivo de la EDUSI propuesta por el Gobierno de Ruiz era adquirir edificios para, una vez rehabilitados, poder destinarlos al alquiler social. En la propia web del Ayuntamiento de Eivissa aún se puede encontrar información sobre esta estrategia y sus objetivos, que se presentaron bajo el nombre de Ibiza cohesión social e integración de barrios, y que decían perseguir «una ciudad participativa e inteligente con el impulso de la administración electrónica; una ciudad accesible, sostenible y eficiente con la implantación del plan de movilidad sostenible y asegurar una ciudad habitable y cohesionada con la puesta en marcha de proyectos de rehabilitación y fomento de la vivienda digna y de la integración social».
Con estas premisas, el Gobierno de Ruiz puso en marcha un concurso para intentar comprar, entre otros, el edificio okupado de es Viver. Pero quedó desierto pues ningún propietario se mostró interesado. Ante esta situación, Vila informó al Ministerio de Hacienda de la imposibilidad de sacar adelante este proyecto y propuso como alternativa «la rehabilitación de 11 viviendas en el entorno residencial del barrio de sa Penya, con la intención de ponerlas en el mercado en régimen de alquiler social», según figura en un escrito dirigido al ministerio por el propio Ruiz y que obra en poder de Periódico de Ibiza y Formentera. En la misma carta, el entonces alcalde explicaba que esta rehabilitación se había llevado a cabo a través del Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad y dejaba claro que, en su opinión, se trataba de «una inversión perfectamente elegible de acuerdo con las normas de elegibilidad del programa».
Hacienda, sin embargo, no lo consideró del mismo modo y, aunque inicialmente había dado su visto bueno, remitió al Ayuntamiento el pertinente escrito anunciando que el proyecto no cumplía los requisitos para ser financiado con estos fondos europeos. El motivo: que la EDUSI facilita la rehabilitación de viviendas siempre y cuando estas sean destinadas a familias socialmente desfavorecidas. Un requisito imprescindible que es obvio que no cumplen los agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados a la isla.
El ministerio, además, rechazó también otras opciones como la rehabilitación de espacios o viviendas municipales para su conversión en vivienda social y solo dio su visto bueno a una operación de 138.000 euros para la adecuación de viviendas de sa Penya que ya son propiedad del Consistorio. Un rechazo del que Ruiz dejó constancia en su mismo escrito anunciando que el Consistorio renunciaba a esta línea de actuación de la EDUSI por no poder ejecutar los proyectos previstos antes del 31 de diciembre de 2023 y que devolvería el dinero. Algo de lo que nunca informó en público.
Esta situación se ha dado también con otros proyectos que debían ser financiados con fondos europeos. Así, el nuevo Gobierno de Vila, presidido por el popular Rafa Triguero, anunció recientemente que debía renunciar a los fondos europeos Next Generation porque el equipo de Ruiz no había tramitado correctamente los proyectos. Y a esto se suman los 500.000 euros que habrá que retornar al Govern balear porque el mismo Gobierno tampoco sacó adelante la construcción de la Casa de la Música.
