El Consell d´Eivissa incrementará los controles necesarios para dar de alta y mantener la figura de ‘núcleo zoológico’ ante el aumento de los supuestos que, en relación a dicha figura, contempla la Ley de Bienestar Animal. La institución puntualizó que no tiene competencias en la aplicación de la nueva norma, aunque sí es la entidad encargada de otorgar esta denominación.
Estos ‘núcleos zoológicos’ deberán contar con instalaciones y equipos que garanticen el bienestar animal, con los medios suficientes para asegurar una correcta limpieza del espacio, así como el personal capacitado para el cuidado de los animales.
Tras conocer las quejas de los ayuntamientos de Ibiza debido a las dificultades para aplicar la ley estatal, la institución insular reconoció ayer que su servicio veterinario tiene constancia de estos problemas. Desde la institución insular explicaron que el Gobierno debe ahora redactar un reglamento que desarrolle la norma, aunque «es obvio que, según lo que sabemos, los ayuntamientos deberán asumir una carga de trabajo extra que les supondrá necesariamente tener que destinar más recursos económicos y humanos».
El Consell d’Eivissa destacó, además, que sus servicios veterinarios siempre han colaborado con los ayuntamientos de Ibiza en las labores que éstos han demandado.
Cabe recordar que los consistorios ibicencos no ocultan las dificultades que están registrando para poder desarrollar en sus municipios la Ley de Bienestar animal.
Desde el Govern consideraron que son los Consells los que deben ayudar a los ayuntamientos en estas reivindicaciones puesto que las competencias a la hora de desarrollar la normativa son exclusivamente de los propios consistorios y del Gobierno central. En este sentido, explicaron también que, el pasado mes de septiembre, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural detalló aspectos de la ley 7/2023, de 28 de marzo, recordando que sólo es de aplicación para los animales de compañía y silvestres en cautividad.
El conseller Joan Simonet señaló entonces que «aunque no estamos de acuerdo con muchos de los puntos incluidos, tenemos que velar por su cumplimiento».
«Desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural hace tiempo que nos preparamos para adaptarnos a los cambios requeridos por esta ley que aprobó el Gobierno central y que, en líneas generales, nos supondrá un notable aumento de la carga administrativa, por no hablar de que invade competencias de una forma flagrante y generalizada», alertó el conseller Simonet.
En la Federación Española de Municipios y Provincias no descartaron ayer poder ofrecer en breve información sobre las dificultades que muchos ayuntamientos pueden estar detectando por este mismo motivo.
Problema
El de Santa Eulària fue uno de los primeros consistorios en reconocer públicamente los problemas encontrados a la hora de cumplir con la nueva normativa, asegurando compartir los objetivos generales de una ley que, según lamentaron también, presenta lagunas en cuanto al desarrollo normativo necesario para su aplicación.
Fuentes municipales consideraron que, a pesar de las «grandes» cargas y responsabilidades que la normativa vuelca sobre los ayuntamientos, no se incluyen líneas de financiación por parte del Gobierno central. En este sentido, en el pleno de enero el Grupo Popular en Santa Eulària planteó una moción para reclamar una dotación de medios destinada a la aplicación de la ley.
En Sant Antoni de Portmany, el Consistorio reconoció que, a la hora de su aplicación, también han detectado dificultades y una preocupante falta de recursos económicos para implantar la ley en temas como el microchipado de los gatos callejeros o la búsqueda de terrenos para disponer de un centro propio de protección animal.
De la misma manera, el concejal de Bienestar Animal en Ibiza, Manu Jiménez, destacó que con la nueva ley se puede exigir al Ayuntamiento que implante un microchip a los gatos de las colonias, lo que «supondría un gasto muy elevado que podría ascender a los 50.000 euros si tenemos en cuenta que en Vila puede haber entre 600 y 700 gatos», señaló.
Jiménez lamentó que, en relación a la ley, todavía hay muchas incertidumbres. Recientemente, el equipo de gobierno aprobó una moción para instar al Gobierno a impulsar una serie de ayudas.
Sant Josep y Sant Joan lamentaron también que la norma plantea un entramado «muy complejo» que requiere de más medios (económicos, humanos y policiales) sin que se haya planteado ningún refuerzo en este sentido».
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