La jueza del caso Puertos cierra dos piezas secretas, una de ellas de Formentera, sin ver indicios de delito

En el caso de Formentera, la denuncia había partido de uno de los principales testigos del caso, el abogado Francisco Javier Jiménez de Cisneros, que también tiene un papel clave en la pieza que sigue abierta sobre Ibiza. Este testigo aludía a una supuesta adjudicación irregular a la concesionaria Sovalgaray Maritima frente a la sociedad a la que él representaba. Acusaba al entonces presidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual; al vicepresidente, Miguel Puigserver y a la jefa de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll. El auto de la magistrada señala que los indicios previos «hacían presumir la posible existencia de un delito que debía esclarecerse». Sin embargo, señala que no hay indicios, «tras el arduo y complejo trabajo recogido en los informes de la Guardia Civil». De forma más tajante añade: «Ni mucho menos de la existencia de resoluciones injustas a sabiendas», toda vez que las resoluciones de la Autoritat Portuària sobre el puerto de Formentera fueron ratificadas más tarde por el TSJIB e incluso por dos sentencias del Supremo.

Sobre esta pieza, la magistrada da traslado a la Fiscalía Anticorrupción por si interesa alguna diligencia más antes de un posible archivo. Sí que adopta esa decisión de forma directa en la que se refiere a los astilleros, una vez que en ella se ha cumplido ese trámite de informe por parte del Ministerio Público.

Denuncias

La magistrada alude en su auto a la existencia inicial de «indicios de irregularidades en relación a la tramitación de varios procedimientos administrativos de concesión de dominio público vinculados a la actividad de astilleros en Palma». El auto señala que el «denominador común con los hechos objeto del procedimiento principal era la identidad de las personas indiciariamente responsables» y apunta, de nuevo, a Gual y Puigserver. Sin embargo, otra vez, apunta que «no se aprecian indicios suficientes para atribuir a los investigados la comisión de un concreto delito que justifique la continuación de la investigación». En este asunto, destaca al peso de declaraciones de testigos para cerrar el asunto.
Concluye: «Se concuerda con el Ministerio Fiscal que no hay indicios suficientes para continuar con el presente procedimiento». En esa pieza no había ninguna acusación particular.