Una construcción de infraviviendas en sa Joveria. | Toni Planells

Los asentamientos precarios han ido en aumento en Ibiza y se han convertido en un gran problema social que los ayuntamientos intentan abordar con los medios que tienen. Recursos que son limitados, según la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, por la «falta de competencias municipales en esta materia». En este sentido, al preguntarle por las posibles soluciones desde Bienestar Social de Vila mediante su red de centros y servicios, la concejala Penín explicó que para poder ofrecerles a estos residentes una alternativa habitacional, que permita evitar las infraviviendas, estas personas tienen que estar en situación de «emergencia social». «Hay que tener en cuenta todas las características porque si una persona reúne requisitos de empleabilidad y obtiene ingresos puede que esté en una situación de emergencia habitacional circunstancial, pero no social», apuntó el director de Bienestar Social, Iván Castro, resaltando que es la casuística que se vive en estos campamentos.

Sin ir más lejos, durante el Consell Municipal de Acción Social, celebrado ayer antes de la presentación de la Memoria de Bienestar Social de 2023, Castro manifestó que desde Cáritas Ibiza informaron de que más del 80 % de las personas que viven en los asentamientos de la isla son trabajadores con empleo que están en activo y son de nacionalidad española, e incluso muchos de ellos, señalaron, trabajan durante todo el año en la isla. Por lo tanto, según indicó el director de Bienestar Social, estas personas no se encuentran en situación de emergencia social. «Cuando hablamos de emergencia social es porque hay un menor en la calle o una situación de alta vulnerabilidad que dificulta el acceso al empleo; son una serie de características que hacen que la persona esté en una situación muy vulnerable», agregó Iván Castro, haciendo hincapié en que no sólo está el factor del problema de acceso a una vivienda digna, sino también existe el factor social y la baja empleabilidad.

Exclusión social

«Cualquier persona necesita una vivienda digna y desde Bienestar Social intentamos que así sea, pero a nivel de servicios sociales tenemos competencias para la atención inmediata a personas en situación de emergencia social o riesgo de exclusión social», lamentó Penín, mientras Iván Castro apuntaba que el perfil receptor de estas ayudas públicas alberga estas características de vulnerabilidad social, económica y de exclusión. En relación al censo de la población residente en los asentamientos chabolistas de Vila, la concejala destacó que es «muy difícil» contabilizar todos los núcleos. «Cáritas y Cruz Roja realizan visitas periódicas y nos han informado del gran aumento de usuarios: Cruz Roja hace un mes atendía a 28 personas y ahora ofrecen ayuda a 140 personas», afirmó Penín durante la presentación de la Memoria de Bienestar Social de 2023 en el Casal d’Igualtat. Por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila, indicó, en el asentamiento de sa Joveria tan sólo se han abierto cinco expedientes de solicitud de ayuda.

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En esta línea, precisó que desde las unidades de Trabajo Social de Ponent, de UTS Sa Riba, EMAPI y UTS Eixample visitan los campamentos según su zona de actuación para analizar las demandas por parte de estas personas. «No hay demanda social, sino de vivienda, y es el Govern balear a través del IBAVI el encargado de impulsar vivienda pública», apuntó, mientras Iván Castro puntualizaba que cuando se encuentran a familias que tienen necesidad de escolarización, económica o alimenticia sí que se activan los Servicios Sociales. Asimismo, la concejala Penín subrayó que existen convenios de colaboración con Cáritas y Cruz Roja para que dichas entidades faciliten a las personas que viven estas infraviviendas coberturas de comida, e incluso les ayudan a tramitar su documentación. «Hemos presentado nuestro Plan de Vivienda con la construcción de 1.000 viviendas en nuestro municipio con el objetivo de revertir esta situación», puntualizó Penín.

Las alternativas

No obstante, si el Ayuntamiento tuviese competencias municipales en materia de vivienda y pudiese destinar una alternativa habitacional a estas personas que no se encuentran en una situación de emergencia social, actualmente esta población que vive en infraviviendas no tendría acceso a los servicios de alojamiento que ofrece Servicios Sociales porque, según Iván Castro, los recursos habitacionales están «completos». Estas prestaciones son el Servicio de Acogida Municipal (SAM) donde se encuentran residentes en situación de riesgo de exclusión social, el Centro de Acogida Municipal (CAM), que alberga temporalmente a 50 usuarios, los pisos supervisados para personas adultas y familias, los cuales albergan 53 usuarios, y la Zona de Primera Acogida (ZPA), que es un centro de alojamiento con 13 plazas fijas de pernocta, ocupado de forma habitual en el 100 % de sus plazas.

Además, según Iván Castro, hay lista de espera para poder acceder a estos servicios. «Actualmente para el albergue tenemos a 14 personas en lista de espera», explicó e indicó que desde este departamento también ofrecen otro alojamiento alternativo que se basa en pagar temporalmente una habitación de hostal para las personas sin hogar que viven en situación de exclusión social o paga algún mes de alquiler a trabajadores en situación de vulnerabilidad que no pueden abonar dicha cuantía hasta la materialización del nuevo contrato laboral. Al respecto, Castro precisó que un total de 111 usuarios de Ibiza reciben estas ayudas para este alojamiento alternativo. «Todas las ayudas económicas están muy justificadas», concluyó.