L. Aversa29/12/11 0:00
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El equipo de gobierno de Sant Joan aprobó ayer los presupuestos municipales para 2012, que se rebajan en un 15% con respecto a este año, cayendo hasta los 5,5 millones de euros.
Los principales motivos de la reducción son las liquidaciones a la baja de los impuestos de obras y construcciones, y de liquidaciones de plusvalía, así como también una falta de incremento en el parque automovilístico, según explicó el alcalde Antoni Marí Marí Carraca.
«Entonces lo que hemos procurado es hacer unos presupuestos lo más realistas posibles, unos presupuestos de mínimos, de tal forma que no nos veamos en aprietos en el próximo ejercicio», destacó Carraca, que destacó que además se congelan los impuestos y que el próximo año solo subirán las tasas de basura según el IPC. «Queremos cerrar en positivo para tener de cara al futuro una economía más saneada», destacó.

Inversiones y recortes

En concreto, Sant Joan contará con un total de 5.448.900 euros, de los cuáles, un total de 753.211 euros serán para inversiones en obras, incluyendo las contenidas en el Plan Insular de Obras y Servicios (PIOS) que se destinarán, sobre todo, a proyectos para el puerto de Sant Miquel como la construcción de una plaza y la instalación de alumbrado público, además de mobiliario urbano para el municipio. Se aumenta el mantenimiento de infraestructuras como colegios y se reduce «todo lo que es el capítulo de publicidad en los medios de comunicación», señaló.
Por otro lado, tampoco se incrementa la partida dedicada a personal. «Son unos presupuestos más técnicos que políticos», concluyó el alcalde.
El concejal de PSOE-Pacte, José Luis Rodríguez, votó en contra de las cuentas porque, según indicó, «no son nuestros presupuestos y además bajan todos los capítulos». Asimismo, se quejó de que se mantenga una partida de «35.000 euros para publicidad en medios como Premsa Pitiusa, TEF y Cope, y para el gabinete de prensa» a la vez que «se reducen en un 43% las inversiones de los PIOS».
Por otra parte, en la sesión plenaria de ayer también se aprobaron dos ordenanzas destinadas a que los promotores de obra paguen una cantidad en concepto de aval para asegurar el buen estado de las infraestructuras públicas y que los desechos de las obras no se conviertan en vertidos ilegales tras el desarrollo de una construcción privada.
De esta forma, si los promotores han tratado los residuos de forma correcta o las infraestructuras públicas están en buen estado, el Consistorio devolverá las garantías.