Los ecologistas advierten del perjuicio de la ley para el habitat de Formentera. | Guillermo Romaní

Las organizaciones ecologistas GEN-GOB y Amics de la Terra, así como varias formaciones de la izquierda balear, manifestaron ayer su «absoluto rechazo» a la modificación de la Ley de Costas aprobada el viernes por el Consejo de Ministros porque favorece a intereses privados en detrimento del bien público y pone en peligro la conservación de hábitats y especies importantes.

La entidad, que forma parte de la plataforma ibicenca «No a nuestra costa» que agrupa a 200 organizaciones sociales y ambientales, advirtió de que la reforma de ley favorece los intereses privados en detrimento del bien público. Según Amics de la Terra, la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones, posterga el problema de la ocupación privada de la costa para las generaciones futuras.

Considera además que la reforma supone una mayor degradación de la costa al reducir «peligrosamente» la protección del litoral que daba la antigua Ley de Costas y favorecer la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa, estableciendo un sinfín de excepciones sin justificación técnica.

Amics de la Terra ha advertido de esta situación pone en peligro la conservación de hábitats y especies importantes.

Como ejemplo ha explicado que en Eivissa existen sistemas dunares situados a más de 100 metros de la costa y que no están en primera línea del mar en zonas como las playas de Comte, ses Salines o es Codolar, y por tanto, no juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa.

Antes estos sistemas dunares contaban con una protección incondicional, pero en la ley reformada, sólo se protegen las dunas si están en primera línea del mar y que juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa.

Por su parte el GEN-GOB han lamentado que la modificación «reduce peligrosamente la protección del litoral, favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa y establece infinidad de excepciones sin justificación técnica, entre ellas las relativas a Formentera».