El pleno de Sant Josep aprobó ayer la moción presentada por Guanyem para solicitar a la Dirección General de Recursos Hídricos la declaración de sobreexplotación del acuífero de sa Serra Grossa para poder recuperarlo. La propuesta contó con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP y los votos en contra de Alternativa Insular.
La portavoz popular, Neus Marí, apuntó que el Plan Hidrológico de Balears ya recoge esta posibilidad y que significaría la paralización de los pozos de esta zona, por lo que el municipio se quedaría sin uno de los principales suministros de agua «con los que abastecemos a la población». Los populares también se abstuvieron en el punto que reclamaba la revisión de las licencias de todos los pozos que tengan agua «no apta» para su consumo, como la desaladora de ses Eres. Debido a la polémica que desató este punto, se acordó añadir que se aplique esta medida «una vez se ponga en marcha la interconexión y la desaladora de Santa Eulària».
También se aprobaron el resto de puntos de la moción (contenía un total de seis), como la redacción y aplicación «inmediata» de un plan de emergencia por la sequía que sufre Sant Josep, con el objetivo de poder realizar de forma «extraordinaria» las obras de interconexión y las obras de mejora por las pérdidas de agua de la red, situadas entre un 40% y un 50%. Además, el Ayuntamiento acordó reclamar una moratoria para la realización de nuevas captaciones de agua, realizar un ordenanza municipal sobre el uso racional y ahorro de agua y elaborar una campaña de sensibilización.
Respecto al agua, el pleno también aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar a Aqualia un importe pendiente de 60.885 euros por el suministro de 43.000 metros cúbicos de agua de la desaladora de Vila de julio a octubre de 2014.
El Consistorio también acordó la resolución del contrato con la UTE de empresas adjudicatarias de la construcción del Auditori desde Caló de s’Oli por el incumplimiento del plazo de finalización de las obras. El proyecto de 2,8 millones de euros, que actualmente está paralizado por el abandono de las obras por parte de la empresa, se iniciaron en 2013 y tenían un periodo de ejecución de 10 meses.
Por otra parte, el pleno aprobó de forma definitiva la ordenanza de limpieza y residuos, desestimó los dos recursos presentados contra la concesión de siete licencias de taxis y acordó realizar una ordenanza específica para cobrar una tasa a las entidades financieras por cada cajero automático que esté situado en la vía pública.
Sant Josep también solicitará la declaración del municipio en contra de la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) tras aprobar una moción de Guanyem que contó con los votos en contra del PP.
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