El documento constata que hay concesiones que no instalan parte de los elementos autorizados o que éstos están infrautilizados. Desde el Consistorio señalan que este hecho, junto con la regresión del litoral y la colocación de los elementos fuera de sus espacios hacen recomendable que, para una mayor comodidad de los usuarios y por el respeto del entorno, se proponga una reducción media de instalaciones temporales de un 9%, aproximadamente.
La concejala de Platges, Antonia Picó, explicó que este estudio ha analizado 20 playas del municipio que tienen concesiones e indica los principales problemas y recomienda posibles mejoras. «Hay playas en que no se reduce el número de instalaciones y en otros el porcentaje de bajada es muy alto porque tienen pocos elementos», agregó. El estudio, incluso, pide la no licitación del quiosco, las meses y las sillas de Cala Espart, ya que alguno de los elementos no se instalaron el pasado verano y los otros tuvieron una ocupación muy baja.
El alcalde, Vicent Marí, avanzó que los pliegos de concesión asumen buena parte de las recomendaciones en cuanto a elementos instalados y que «se primará la calidad, no será una cuestión de quién pone más dinero». En este sentido, Picó señaló al finalizar el pleno que la oferta económica sólo puntuará un 35%, mientras que el alcalde añadió que se exigirá a los concesionarios que ofrezcan cajas de seguridad para los usuarios.
Ordenanza de ruidos
En el pleno de ayer también se aprobó de forma definitiva y por unanimidad la nueva ordenanza sobre ruidos que obligará a que todos los establecimientos con animación musical incorporen limitadores en sus equipos y que fijará la posibilidad de multas de hasta 300.000 euros, clausurar las instalaciones durante cinco años o, incluso, la retirada de las licencias. Los locales con la licencia en vigor tienen un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva ordenanza.
Todos los grupos de la Corporación también dieron el visto bueno ayer a la ordenanza municipal que prevé reducir en hasta un 20% la tasa de basuras a las empresas que más reciclen, además de establecer bonificaciones a los ciudadanos de zonas rurales que hagan uso de las deixalleries para depositar residuos voluminosos.
En el turno de preguntas, el concejal de Urbanisme, Mariano Juan, explicó en referencia a la anulación del concurso del crematorio que éste continúa operativo porque la concesionaria ha recurrido ante el Tribunal Supremo y los recurrentes no han pedido la ejecución de la sentencia.
Por otro lado, desde el PSOE destacaron que vecinos de Santa Gertrudis continúan recibiendo avisos por parte de la concesionaria del suministro de agua de la alta cantidad de cloruros de la misma. En este sentido, Mariano Juan destacó que esta situación también se da en otras zonas del municipio como es Canar o Cala Mestella, pero que este problema se solucionará en verano con la previsible puesta en marcha de la desaladora de Santa Eulària.
El alcalde, Vicent Marí, también adelantó que la Conselleria de Medi Ambient está investigando el encendido de hogueras en el islote de Tagomago a través de unas fotografías publicadas en las redes sociales.
LA NOTA
Marí: «El Consell ha modificado el PTI porque no se atrevió con la moratoria»
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, arremetió ayer contra la norma territorial cautelar que, entre otras cuestiones, limita la construcción de viviendas en suelo rústico. Marí aprovechó la presentación en el pleno de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento para denunciar que “están desvalijando a la gente del campo, que es la que ha conservado esta tierra; les están robando la cartera”. El alcalde ‘popular’ vaticinó que el equipo de gobierno del Consell no será capaz de consensuar una reforma del PTI en lo que queda de legislatura.
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