Los afectados cifran en unas 2.000 las alegaciones contra la moratoria urbanística

| Eivissa |

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Vista aérea de un grupo de casas de campo en el sur de la isla. Foto: TONI ESCOBAR

Vista aérea de un grupo de casas de campo en el sur de la isla. Foto: TONI ESCOBAR

23-02-2017

La plataforma En Consens pel Territori, impulsada por los propietarios de fincas rústicas de Sant Josep, ha exigido al Consell d’Eivissa «consenso» en la elaboración de la ley urbanística y advierten de que llevarán a cabo «manifestaciones, si hace falta», hasta que la institución insular «eche para atrás» la norma territorial cautelar.

El presidente de este colectivo, Pep Tur Vergeró, calcula que entre todos los afectados se han presentado «unas 2.000 alegaciones» a la moratoria urbanística. En este sentido, el Consell d’Eivissa anunció ayer que mañana hará público un informe detallado sobre las alegaciones presentadas a la modificación puntual del Plan Territorial Insular, cuando se cumple un mes desde que terminara el periodo para la presentación de reclamaciones. Precisamente desde el Partido Popular criticaron ayer que el número de alegaciones presentadas «ya se conoce» y denuncian que el equipo de gobierno «oculta estos datos».

La recién creada plataforma En Consens pel Territori pide en voz de todos los afectados de Ibiza que se llegue a un acuerdo en materia urbanística que proteja el territorio sin castigar a los propietarios de fincas rústicas.
«Queremos que todo esto se pare, que lo echen atrás y busquen consenso. Hablan de transparencia, pero no han consultado a nadie», lamenta Pep Tur, quien califica de «aberración» algunos de los puntos que presenta la norma territorial cautelar.

«Las modificaciones que se han hecho en noviembre han supuesto otra locura; más prohibición, zonas forestales, Red Natura 2000... Todo prohibiciones con la excusa de que los propietarios de suelo rústico somos unos especuladores y animaladas de estas», critica el portavoz de los propietarios de fincas rústicas de Sant Josep.

«Todos creemos que se debe proteger el medio ambiente, pero una cosa es protección y otra prohibición», sostiene Pep Tur, quien critica que los diferentes ejecutivos hagan «leyes apresuradas y mal hechas que sólo duran cuatro años». «Queremos que si se modifica el PTI, que se busque consenso, de acuerdo con todos, y que no sea una ley de cuatro años como pasa siempre. No tienes una seguridad, no sabes qué podrás hacer mañana. Queremos leyes que sean duraderas», concluye.

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