El Parlament balear ha recibido esta semana el decreto de archivo firmado por la teniente fiscal jefe, Belén Suárez Pantín, quien lo envió el pasado 29 de noviembre. Contra este decreto no cabe recurso.
La Fiscalía de Ibiza ya archivó en octubre las diligencias abiertas tras recibir las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de las autovías al considerar que los indicios aportados por los diputados autonómicos tras la investigación parlamentaria son insuficientes. Además, consideró que los posibles delitos penales que pudieran derivarse de la instrucción ya habrían prescrito.
La fiscal Mª Carmen Navarro Ros ha hecho llegar a la Cámara balear un escrito en el que notifica el archivo de las diligencias y propone al Parlament que, si así lo cree oportuno, presente una denuncia ante el juez sin mediación de la Fiscalía.
La Fiscalía también aseguró en su escrito que el Ejecutivo balear gestionó la contratación de las obras de las autovías «de manera imprudente y poco diligente» y que ello ha dado lugar en legislaturas anteriores y en la actual «a un alto grado de litigios con las concesionarias». No obstante, apuntó que «estos sobrecostes derivan de modificaciones del proyecto inicial o, de deficiencias o interpretaciones, pero no de decisiones políticas/administrativas que pudieran considerarse constitutivas de ilícito penal».
El Ministerio Público señaló que los presuntos delitos de tráfico de influencias, información privilegiada o prevaricación en el proceso de contratación de las obras «estarían prescritos, por lo que no procedía presentar denuncia o la apertura de una causa judicial», y señaló que no es su tarea revisar de oficio todo el proceso de licitación y contratación ya que consideró que las irregularidades administrativas en que se pudiera haber incurrido «deben verse o haberse visto en la vía contencioso administrativa».
Además, Fiscalía tampoco creyó que se hubiera acreditado la financiación irregular del Partido Popular con estas obras, en cuya ejecución admitió que aunque pudieran existir irregularidades administrativas, «esto no conlleva la comisión de tipos delictivos penales».
En su día, el diputado del PP Miquel Jerez señaló que «la comisión de investigación no ha servido para nada sino que ha sido una pérdida de tiempo y un derroche de dinero público que nos lleva al punto de partida: las carreteras de Ibiza se han planificado y ejecutado con absoluta legalidad».
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