Momento en el que uno de los perros ataca a un motorista.

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El Ayuntamiento de Santa Eulària ha decretado, y ha hecho efectiva este sábado, una orden provisional de retirada de tres perros potencialmente peligrosos que habían provocado diferentes incidentes con vecinos de Santa Gertrudis según las denuncias realizadas por los residentes de la zona y las pruebas recabadas. “Se instruirá un expediente sancionador contra el cuidador y el propietario de los animales en virtud de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, la cual contempla sanciones de entre 100 y 600 euros”, han informado desde el Consistorio.

Según la información aportada por los vecinos se han producido diferentes incidentes en la zona de Santa Gertrudis en que estarían implicados los Bull Terrier ahora custodiados en un centro de tenencia de animales y que incluirían el ataque y muerte a diferentes aves de corral, un ataque a otro perro y el acceso a parcelas cercanas con comportamientos agresivos y amenazantes para las personas.

Los animales, según Santa Eulària, se habrían escapado de forma reiterada de la propiedad de su dueño y de la vigilancia de su curador, por lo que se les abre el expediente por ser una infracción que se puede inscribir dentro del apartado 16 del artículo 37 de la citada ley, que considera una infracción leve "dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida".

La ordenanza municipal sobre Tenencia y Protección de Animales contempla en su capítulo séptimo los aspectos relacionados con los animales potencialmente peligrosos, siguiendo las pautas marcadas por la Ley 50/1999 de Régimen Jurídico de Tenencia de Animales potencialmente peligrosos. Así, se determinan las ocho razas consideradas como peligrosas, que incluye tres variantes de los Bull Terrier (Pit Bull, Staffordshire y American Staffordshire), además de determinar cuándo se puede considerar un perro peligroso aunque no pertenezca a estas razas. Igualmente se determina que este tipo de animales deben tener una licencia específica (en este caso, ya falta de completar todo el procedimiento administrativo de comprobación, parece que los animales la tenían), estar inscritos en un registro municipal específico, llevar microchip, deben llevar bozal y una cadena corta si son zonas públicas y en las propiedades, debe estar bien atado o en un recinto bien acondicionado para el animal pero que impida su salida. No cumplir con estos requisitos o no actuar con diligencia para evitar daños a terceros puede suponer -en función del tipo de infracción-, de multas de entre 100 y 15.025,30 euros.