El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó ayer, por unanimidad, la petición de la Conselleria d’Educació de cambiar el término ‘cesión’ por ‘poner a disposición’ para que el Govern balear disponga del solar anexo al CEIP de Sant Carles, donde se realizará la segunda fase de ampliación, mientras que la primera fase se realizará en los terrenos de los que el centro ya dispone.
Sin este cambio, explicó el equipo de gobierno, no se podía seguir con el procedimiento que pemitirá la segunda fase de la ampliación del colegio. «El Ayuntamiento pone a disposición del Govern la parcela de 1.700 metros que hay detrás de la escuela de Sant Carles», explicó Mariano Juan, concejal de Urbanismo, quien quiso recordar que la primera fase de la ampliación ya se puede realizar enfrente de la escuela, mientras que los 1.700 metros de parcela se encuentran detrás del colegio.
En cuanto a otros puntos del orden del día, el pleno aprobó con los votos del PP y de Guanyem, y la abstención del PSOE, la redacción del Pla Especial de ses Feixes dentro del término municipal de Santa Eulària «para no atrasar la tramitación de esta herramienta de regulación y proteger esta zona húmeda».
Según argumentó el equipo de gobierno, la propuesta aprobada este jueves en el pleno se produce después de la negativa del Consell d’Eivissa «de hacer estos últimos cambios necesarios en la redacción del documento». El equipo de gobierno recordó que el 7 de mayo de 2013 se aprobó la petición al Consell para que redactara el Pla Especial de Protecció i Conservació des Prat de Ses Monges, en la parte que toca al municipio de Santa Eulària, ya que hay otra parte que se sitúa en el terreno municipal de Vila. «El Consell d’Eivissa comunicó por carta que no tiene intención de introducir los últimos cambios necesarios dada su poca entidad», afirmó Juan, motivo por el que, explicaron, desde el Ayuntamiento asumen la redacción para «agilizar la conclusión de este expediente e introducir las modificaciones instadas por la Comissió Balear de Medi Ambient.
Más mociones
El grupo socialista presentó una moción «para la mejora de las ayudas para el alquiler de viviendas para jóvenes» mientras que Guanyem propuso «la creación de un servicio municipal de alquiler», pero el PP pidió que ambas propuestas fueran retiradas para que fueran tratados primero en una reunión.
El equipo de gobierno alegó no tener claras las competencias municipales en esta materia y consideró que la propuesta socialista, «aunque viene con buena intención, se tiene que adaptar a la realidad social del municipio. Según explicó Juan, concejal de Urbanismo, «el Ayuntamiento no puede dar subvenciones a sectores que ya están siendo subvencionados por el Govern», motivo por el que pidió estudiar las condiciones, «ver claramente quiénes son los que tienen competencias en la materia» y pedir a los técnicos que hagan un estudio». Un compromiso que no fue visto con malos ojos por parte del PSOE y Guanyem.
Para cerrar el capítulo en relación a la política de vivienda, el pleno aprobó por unanimidad una propuesta de Guanyem en relación a «fomentar las viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler». En este sentido, Óscar Rodríguez, portavoz de Guanyem, sacó a colación la polémica en torno a la promoción privada de VPO en régimen de compra en Puig d’en Valls las 49 viviendas que cuestan en torno a 270.000 euros cada una, y afirmó que para satisfacer el acceso a la vivienda de las capas más desfavorecidas de la sociedad había que apostar por las VPO en régimen de alquiler y cuyo promotor sea un ente público porque, de lo contrario, «se convierte en otro negocio más».
Precisamente el asunto de la promoción privada de las 49 VPO en Puig d’en Valls por parte de la cooperativa de vivienda Illa Blanca fue debatido en el turno de las preguntas. Rodríguez, portavoz de Guanyem, preguntó a Juan si era verdad que el Ayuntamiento «había generado unas expectativas que no estaban justificadas», es decir, a las personas empadronadas en Puig d’en Valls que se habían interesado por la promoción.
«Nuestra voluntad era priorizar a los vecinos de Puig d’en Valls porque en ese momento no había ninguna ley que nos lo restringiera o dijera lo contrario», aseguró Juan, en referencia a la Ley de Vivienda balear que entró en vigor en el mes de julio y que imposibilita que este orden de prioridades. Con la entrada de la nueva ley, el único listado que cuenta es el que tiene el Govern a través del Ibavi.
Por otro lado, recordó Juan, hay 15 personas afectadas que se inscribieron telemáticamente en la lista pero que no figuran en ella, de manera que de momento quedan excluidos del procedimiento. Finalmente, el alcalde Vicent Marí aseguró que llevarían el caso al Consell de Alcaldes y que iban a «presionar hasta el final» para que haya una modificación en la ley que priorice a los ciudadanos empadronados en el término municipal de la adjudicación, mientras que el PSOE pidió sin éxito la dimisión del concejal Mariano Juan.
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