La casa Van der Driesche tiene grietas en su fachada y no cuenta con carpintería ni ningún tipo de servicio en su interior. | Jaume Serra

En la querella por presunta prevaricación administrativa presentada por los propietarios de la casa Van der Driesche contra el presidente del Consell d’Eivissa, se asegura que Vicent Torres no tenía las competencias para paralizar el pasado 18 de septiembre la ejecución de la licencia de obras para demoler la vivienda concedida por el Ayuntamiento de Sant Josep.

Según los denunciantes, la autoridad competente para adoptar esta clase de medidas dirigidos a la protección de los bienes patrimoniales es la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (Ciotupha) o, en su caso, la vicepresidenta segunda, Marta Díaz, a quien la Ciotupha delegó «la dirección de todas las medidas que en defensa del patrimonio se consideren convenientes, incluida la paralización de las obras, a raíz de situaciones de peligro sobrevenidas por hechos diversos de carácter imprevisible y que no admitan demora a riesgo de producirse daños sobre el bien». Sin embargo, el decreto de paralización lo firmó el presidente insular, según los denunciantes, por lo que Torres «no tenía autoridad ni competencia para acordar la suspensión de la licencia de obras».

Además, los denunciantes consideran que Torres se habría basado «en preceptos manifiestamente inaplicables» para justificar la paralización de la demolición de la vivienda.
La resolución de Vicent Torres se ampara en los artículos 23 y 24 de la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Balears, que prevé la suspensión de las licencias de obras como medida provisional mientras se decide si el bien es merecedor de protección o catalogación. Sin embargo, la Ciotupha ya había rechazado el 2 de agosto catalogar a a casa Van der Driesche como Bien de Interés Cultural, por lo que la adopción de estas medidas cautelares sería «absolutamente extemporánea y manfiestamente improcedente en el momento en que se adoptaron: en fase de recurso y tras la resolución del expediente de catalogación».

«La casa no es habitable»

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El arquitecto Jaume Serra, que asesora a la familia propietaria de la vivienda Van der Driesche, explica que la motivación de los nuevos dueños para comprar la casa fueron «su situación y las vistas y que su interior no les interesaba». Serra señala que en la actualidad la vivienda «está medio demolida: no tiene carpintería ni instalaciones ni acabados interiores y hay catas por todos los lados y grietas por las ventana, aunque mantiene los volúmenes exteriores».

En este sentido Serra insiste en que desde 2015, «que es desde que yo conozco la casa, ya tenía muchos defectos y no estaba habitable». El arquitecto desata que el interior de la vivienda «no cumple con los parámetros ni medidas de habitabilidad ni de medidas interiores: los pasillos son de 65 centímetros de ancho cuando el mínimo son 80 centímetros. Tampoco tiene aislamiento térmico en la fachada, por lo que una reforma sería costosa y muy complicada».

Jaume Serra señala que la intención de la pareja propietaria de la casa Van der Driesche era demolerla y levantar una nueva de estilo moderno. «Son una pareja mayor, él está en silla de ruedas y no puede vivir con los desniveles que tiene la casa. Hace tres años que quieren conseguir la casa que quieren y todo son problemas. Se han hecho las cosas tarde y mal».

El arquitecto asegura que la casa «quizás sí» merezca estar protegida patrimonialmente. «En el año 1971, que es cuando se construyó, era muy puntera, pero para habitarla ahora es muy complicado», sentencia Serra.