Momento en el que el portavoz del grupo socialista, Andreu Alcover, solicitó el aplazamiento del debate.

La votación de la Ley de medidas de protección de la Bahía de Sant Antoni, prevista en el orden del día del Pleno del Parlament balear celebrado ayer, fue aplazada para buscar consenso antes de votar el texto.

En el impás de dos sesiones, el portavoz socialista, Andreu Alcover, se alzó para pedir a la presidencia de la cámara, «en aras a un mayor consenso, y dado que es un tema que salió por unanimidad del propio Ayuntamiento» de Sant Antoni, que no se debatiese la proposición de Ley en el pleno. La votación de este cambio en el orden del día salió adelante con el voto favorable de todos los grupos y una abstención.

La Federación Socialista informaba en un comunicado de que se había decidido aplazar la votación dado que «desde el PSIB-PSOE se consideraba fundamental que esta iniciativa contase con todo el apoyo posible».

El diputado socialista, Xico Tarrés, argumentó que, a pesar de que la iniciativa contaba con el consenso de todos los grupos tanto en el Ayuntamiento de Sant Antoni como en el Consell de Eivissa, «en el tramo final de la aprobación definitiva se había advertido por parte del Govern la necesidad de considerar con más profundidad algunos aspectos relacionados con la calificación de la infraestructura».

Por otra parte el diputado del PSOE, Enric Casanova, explicó que «se trabajará conjuntamente para llegar a un acuerdo» e intentar aprobar esta Ley en el próximo pleno de carácter legislativo con el mismo consenso con el que llegó desde las instituciones ibicencas.

El grupo Popular había planteado una votación previa a la del texto para que se solicitase un dictamen del Consell Consultiu. De haberse votado favorablemente, el órgano hubiera tenido que valorar los distintos puntos que planteaba el PP antes de votar el texto. En la solicitud se consideraba que la Ley no cumplía con el espíritu de lo que se había acordado en el Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni, que su aplicación podía provocar reclamaciones económicas por parte de las navieras que operan en el puerto y que existían incongruencias con otros textos legales sobre el tráfico marítimo de Balears.

La diputada del grupo Popular, Sara Ramón, indicó tras la votación que era una buena noticia que se aplazara la aprobación del texto, dado que se trataba de «una ley que cerraba completamente las puertas del puerto de Sant Antoni, que lo dejaba como una mera foto y prohibía que llegasen los pasajeros».

Pedía además que se hiciese una consulta popular en Sant Antoni antes de sacar adelante el texto.