Letrados del turno de oficio concentrados, el pasado año, ante el edificio judicial ahora siniestrado.

El Colegio de Abogados salió ayer al paso de las críticas vertidas por los representantes del turno de oficio de Ibiza y subrayó en un comunicado que el ICAIB «ha mantenido permanentemente informados a los colegiados de cuanta novedad ha ido conociendo en relación al incendio de los Juzgados de Ibiza».

En este sentido, apuntan que la información «se ha proporcionado a través de los canales de comunicación colegial habituales (página web, circulares informativas y redes sociales), a los que se han unido otras comunicaciones menos habituales, pero igualmente efectivas, como fue, por ejemplo, la reunión celebrada el día 24 de enero en Ibiza, a la que fueron convocados todos los abogados y en la que participaron el juez decano, Juan Carlos Torres, y el magistrado juez titular de Instrucción número 2, Javier Bretones.

Asimismo, indican que los colegiados «han recibido puntual y cumplida información, por circular y en la web, de las fechas y la ubicación exacta del traslado de los juzgados que ya están en su localización provisional, así como de la forma en que se han de presentar los escritos, asunto este último que también fue tratado ampliamente durante el encuentro celebrado el día 24 de enero en la sede del ICAIB en Ibiza».

Servicios pendientes de cobro

Por otra parte, y en relación a la situación actual que viven los profesionales de la abogacía adscritos a los servicios del turno de oficio y de la asistencia letrada al detenido, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Balears (ICAIB) recuerda que no descarta convocar nuevas movilizaciones de protesta dirigidas a exigir al Ministerio de Justicia no solo el pago inmediato de los meses que se adeudan a este colectivo (noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019), y el abono mensual puntual de las siguientes mensualidades, sino también que se reanuden las negociaciones para avanzar en la mejora de los baremos de pago a la abogacía de oficio del llamado territorio común y la inclusión en los mismos de actuaciones letradas que, efectivamente, llevan a cabo estos profesionales y cuyo pago, en cambio, no está contemplado.

El ICAIB «está a la espera de los contactos al más alto nivel que está previsto mantengan en breve representantes de la abogacía institucional y del Ministerio, de cuyos resultados dependerá las posibles acciones que puedan acordarse», señalan.