La primera instrucción del año de la Fiscalía General del Estado ha
echado por tierra la iniciativa de mantener el sistema de
videoconferencias que ya había puesto en marcha la Audiencia
Provincial de Balears y que había llevado a Eivissa a ser una de
las jurisdicciones pioneras de España donde este sistema se había
implantado. La Fiscalía General del Estado considera que las
«videovistas», analizada la falta de regulación para su uso, pueden
llegar incluso a rayar en la inconstitucionalidad en los procesos
penales y ordena a sus representantes a no comparecer a ninguno de
los juicios que se señalen con el uso de esta tecnología.
Los fiscales de Eivissa, que la próxima semana debían de
celebrar nuevos juicios en la isla con la Audiencia por
videoconferencia, recibieron anteayer tarde la instrucción. En ella
se concluye que «en el estado de nuestro sistema legislativo, no
cabe la celebración de juicios orales en materia penal a través de
la videonferencia. Por tanto, si el Ministerio Fiscal es citado
para la celebración de uno de esos juicios orales virtuales deberá
oponerse motivadamente a su celebración, excusando su asistencia
por carecer hoy por hoy de las garantías necesarias para el debido
respeto de los derechos fundamentales consagrados en nuestra
Constitución, de cuya defensa es garante», dice textualmente.
La propia Junta de Jueces de Eivissa ya planteó los posibles
riesgos de la videoconferencia hace pocas semanas, justo en unos
días en que los funcionarios de Justicia, incluidos los secretarios
y personas que hacen sus funciones en la isla, plantearon distintas
cuestiones a instancias superiores con la amenaza velada de
«plante» si no se resolvían las quejas expuestas. Entre ellas
figuraron quejas por los horarios y retribuciones, así como por las
disfuncionalidades que se iban a crear.
La Fiscalía de Eivissa, a su vez, también pidió una consulta
cuya respuesta ha llegado con la citada instrucción. Todo quedó
entonces resuelto al «ceder» la Audiencia y establecer que no
habría más videoconferencias por la tarde a excepción de las ya
señaladas. La instrucción de la Fiscalía General argumenta, entre
otras razones, que los juicios orales «virtuales» no se hallan
previstos en ningún tribunal europeo y, ante las dudas suscitadas,
deja el uso de las nuevas tecnologías cibernéticas a la existencia
de una cobertura legal.
Un caso de maltrato, otro de incendio y una
violación
La Audiencia iba celebrar esta semana nuevos juicios con
videoconferencia por casos sucedidos en Eivissa. Lo lógico, tras la
negativa de los fiscales a estar en las vistas, es que se
suspendan. La Audiencia tendría que resolver su desplazamiento a la
isla y ello hay que sumar el problema de que los testigos y las
partes están citados con opción de presentarse tanto en Palma como
en Eivissa. Un acusado de una violación en un hotel de Dalt Vila
iba ser juzgado este lunes. Se juega doce años de cárcel. El mismo
día había previsto otro de tráfico de drogas. Una dominicana a la
que se le responsabiliza d e un incendio en un edificio de Eivissa,
para la que se piden 15 años, debía comparecer martes. El jueves le
tocaba el turno a un vecino de Santa Eulària, acusado por su pareja
de maltrato. Para el lunes 18, por último, se había señalado un
asunto de apropiación indebida.
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