La actual responsable del juzgado de Instrucción número 4 de
Eivissa, Ofelia Nache, ha considerado que no hay siquiera hechos
supuestamente delictivos en la conducta del enterrador de Sant Joan
que fue detenido por la Guardia Civil tras tres denuncias y una
investigación que se fundamentó en la presumible exhumación ilegal
de restos para comerciar con las urnas funerarias de los difuntos.
La juez Nache ha determinado, por ello, el sobreseimiento libre
de las diligencias que se abrieron el pasado mes de abril tras la
detención de Martín M.M., de 49 años, persona que quedó libre con
el compromiso de ir al juzgado una vez que la Policía Judicial le
tomó declaración. Ahora, la Fiscalía está estudiando si recurre el
auto con el que, por el momento, se ha dado carpetazo a este caso
al discrepar de esta decisión si, finalmente, el ministerio público
considera que de la presunta conducta que se atribuyó al ex
enterrador se derivan, por contra, indicios para una causa
penal.
La Guardia Civil detuvo a dicha persona por su comisión en un
presunto delito contra la seguridad colectiva. Más concretamente,
el artículo 526 del Código Penal recoge como delito el que «falte
al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los
sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con
ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas
funerarias, panteones, lápidas o nichos».
La investigación policial que se llevó a cabo fundamentó las
diligencias contra el entonces responsable de los camposantos al
hallarse indicios de que se habían trasladado sin permiso, y con
ello perdido, restos al osario común y que tras ello había
supuestamente encubierto un «negocio» con las urnas que los
contenían. Éstas eran luego vendidas como nuevas a familiares de
personas fallecidas hace años para nuevos depósitos. El
Ayuntamiento de Sant Joan cesó cautelarmente a Martín M.M., cambió
las cerraduras a los cinco cementerios del municipio y contrató
luego los servicios de otro empleado.
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