El presidente del TSJ de Balears, Antoni Terrasa.

F.B./R.S.
«Señalaría como menos fructíferas las relacionadas con los edificios, puesto que durante 2006 se ha mantenido la tónica de insuficiencia que ya es característica de nuestras islas, excepto Formentera, donde ni siquiera se atisba la creación de un partido judicial pese a que próximamente vaya a poder su propio Consell Insular».

El CGPJ también intentó en los últimos años hallar una solución provisional y de compromiso para Formentera. Uno de sus vocales se trasladó a Eivissa años atrás y propuso que uno de los juzgados de esta isla -entonces aún mixtos- se especializara en llevar asuntos de Formentera y que éste se constituyera en sala en esta isla trasladándose periódicamente. La pelota quedó en el tejado y desde ese día nadie la rescató.

Son declaraciones de Antoni Terrasa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ). El responsable de este organismo realizaba estas manifestaciones en el transcurso de una entrevista mantenida con este periódico y en la que se le preguntaba por las gestiones realizadas con Justicia para aumentar las dotaciones de sedes y personal para la administración judicial en Balears.

La creación de un juzgado para Formentera es una reivindicación que se lleva formulando desde distintos foros desde hace años. En este sentido, el último paso importante para la constitución de un partido judicial en esta isla se dio en mayo de 2005. La comisión de Justicia del Congreso aprobó en esa fecha una proposición no de ley -a iniciativa del PP- por la que se instaba al Gobierno a poner en marcha un juzgado de primera instancia e instrucción en Formentera, con sede en esta isla y con jurisdicción exclusiva para este territorio.

La iniciativa popular contó con los votos favorables de ERC, CiU y PNV, pero tuvo en contra a la formación socialista, desde donde se tildó la acción del PP de «oportunismo político». Al respecto, el disputado José Ramón Mateos advirtió de que para hacer posible este proyecto era necesario modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, reformada por última vez en 1988. Mateos, al respecto, criticó al PP asegurando que esta formación política podía haber impulsado la creación de la idea de proyecto judicial para Formentera cuando estuvo en el poder y contaba para esta tarea con el beneplácito del PSOE.