El juez Pablo Mendoza, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa y a quien compete la investigación por los abusos y agresiones a menores denunciados, por el momento, por al menos nueve jóvenes ratificó anteayer la situación de cárcel preventiva y sin fianza para el curandero y 'mentalista' conocido como el «Brujo», al valorar en su auto de prisión que éste podría ser condenado a una pena superior a los 50 años de prisión y la circunstancia de que hay indicios para pensar que durante la instrucción del caso pueden aparecer más víctimas de sus «consultas» en la isla y en otros puntos de la Península, donde también aprovechó sus 'facultades' de falso psicólogo deportivo.
El magistrado, incluso, argumenta en este mismo documento que la condena podría ser de «centenares de años» si el conjunto de delitos de los que se le atribuyen se confirman y se contemplan aisladamente y no de acuerdo con el artículo 74 del Código Penal, artículo donde la legislación habla del carácter de «delitos continuados». Las violaciones que se imputan a Tomás A.R., en este sentido, están recogido en los artículos 181 y 182 de la legislación penal española.
La alta condena a la que podría enfrentarse Tomás A.R., natural de Albacete y de 52 años, es una de la razones que fundamentan dicho auto al entender que, con ello, el acusado podría tener la tentación de intentar una fuga de España ante la posibilidad de pasarse, en caso ser considerado culpable, el resto de lo que le queda de vida en prisión. Por ello considera de «muy elevado» el riesgo de fuga. El responsable de la investigación judicial por las supuestas actividades de el «Brujo', preso en la cárcel de Eivissa desde el pasado 17 de febrero, sopesa, de igual modo, que exista el peligro de que éste intente coaccionar a las denunciantes o a otras mujeres cuyas 'historias' puedan ir aunándose a la causa tras la investigación d ela Policía Judicial de la Guardia Civil.
En este sentido, y según ha podido averiguar Ultima Hora Ibiza y Formentera, en este mismo auto, el juez Mendoza señala que, al parecer, el acusado trató de imponer entre las afectadas lo que propio sospechoso definió como «código de silencio».
Al respecto, y según ha trascendido también ahora, al menos una de las víctimas recibió un mensaje en telefónico en el que se le recordaba la obligación de no decir nada sobre sus encuentros sexuales. En las declaraciones que se han recogido hasta ahora, además, transluce que las adolescentes, que en muchos casos creyeron recibir, al ser forzadas, los poderes «mágicos» que supuestamente se atribuyó Tomás A.R., fueron presuntamente sometidas a fuertes presiones para que no hablaran y amenazadas con «grandes males».
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