El fiscal y el abogado de un complejo turístico de Formentera piden dos años y mes de prisión para un turistas que en agosto de 2005 se alojó en un establecimiento hotelero con su mujer y sus tres hijos y se marchó sin pagar una cuenta que ascendía a 3.800 euros. El sospechoso, que compareció ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa acusado de un presunto delito de estafa, manifestó que no estaba dispuesto a pagar una factura que consideraba desmedida y afirmó que los días que estuvo en el complejo los pasó buscando un acuerdo económico satisfactorio para ambas partes.
Éste llegó a hacer un reportaje fotográfico de las instalaciones para denunciar las carencias que, a su juicio, presentaba el complejo, propiedad de la cadena Insotel. Una inspección posterior de Turisme -realizada, según la defensa, un año después de la denuncia- no evidenció ninguna de irregularidad. Al sospechoso también se le atribuye intencionalidad por no hacer efectiva la factura que se le presentó porque supuestamente llamó a su banco para que se dejara inoperativa la tarjeta de crédito que entregó a cuenta en recepción. Dicha persona, sin embargo, también visitó las oficinas del Patronato de Tursime para intentar consignar allí la cantidad que adeudaba mientras se tramitaba su reclamación y se establecía si lo que le pedía el hotel era justo. Para la defensa, en todo caso, el contencioso entre la empresa afectada y sus clientes demandados es un asunto civil.
El acusado y su pareja, un matrimonio vasco con tres hijos, uno de ellos un bebé, contrataron diez días en el complejo Mariland tras ver unas fotografías por Internet. Una vez hospedados, comenzaron las quejas, según reconoció ayer personal de estas instalaciones. La dirección del hotel les ofreció la posibilidad de cambiar de habitación e incluso se le ofreció trasladarse a otro establecimiento de la cadena.
«El verano pasado estuvimos en Cala Tarida y no hubo ningún problema. En Formentera, no cabíamos todos en la habitación, bungalows tampoco había y luego nos daban la oportunidad de irnos a un apartamento situado a 500 metros de otro hotel, en una zona sin urbanizar, y poder disfrutas de estas instalaciones», dijo la mujer del imputado.
«Ninguna solución nos convenía. Nos pasamos toda la semana llamando a Consumo y buscando a un mediador, que era lo que nosotros queríamos. Estábamos dispuestos a pagar pero no lo que ellos querían», añadió. El abogado que representa al complejo señaló en el juicio que todas las actuaciones del acusado formaban parte de un «plan urdido» para pasar unas vacaciones sin pagar. Según dicha parte, a ello obedeció que éste hiciera un reportaje fotográfico en el que se buscaba «el más mínimo detalle».
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