Los juzgados de Eivissa siguen ahora al menos dos causas contra el sospechoso.

El brasileño A.S.D., detenido por la Guardia Civil el pasado mes de diciembre en Formentera como sospechoso de dirigir desde Formentera una red de tráfico ilegal de inmigrantes, negó anteayer en su nueva comparecencia en el juzgado haber amenazado o acosado a una afectada por los cargos en los que ahora está siendo investigado judicialmente.

El acusado, como ya se informó, volvió a ser detenido después de que se interpusiera una nueva denuncia contra él en la que una mujer aseguraba haber recibido amenazas por parte de dicha persona después de que éste presuntamente se le acercara o contactara con ella pese a tenerlo prohibido. Por este hecho, A.S.D. fue apresado como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

El sospechoso volvió a asegurar que todo era mentira y tendrá que sentarse en el banquillo en los próximos días para enfrentarse a una multa de 5.400 euros, pena que ha solicitado el fiscal al considerar que hay indicios de verosimilitud en la denuncia que motivó su último arresto.

El juzgado, por su parte, continúa con las diligencias que se abrieron el pasado mes de diciembre después de que al menos cuatro mujeres informan a la Guardia Civil de que estaban siendo objeto de supuestas extorsiones después de que, tras desembolsar una cantidad de dinero, hubieran aceptado trasladarse a las Pitiüses con el compromiso de obtener un empleo. Una vez en la islas, éstas indicaron que no lograban los supuestos trabajos que se les ofrecían y que, por contra, eran objeto de amenazas severas. Según un testimonio, un afectado fue asesinado en Brasil por personas desconocidas tras denunciar lo que estaba ocurriendo. El juzgado, dentro de esta misma investigación que también puede llevar a A.S.D. a ser juzgado por un delito contra los trabajadores, trata de aclarar si cerca de 14 personas «sin papeles» procedentes de Brasil podían haber sido víctimas de este fraude laboral en el plazo de año y medio.

El sospechoso quedó en dicha ocasión en libertad provisional tras hacer frente a una fianza de 12.000 euros y ordenársele que no se acercara a las denunciantes a menos de 150 metros.