La Fiscalía de Eivissa ha interpuesto una denuncia contra un agente de la Policía Local de Sant Antoni por la comisión de un supuesto de malversación de caudales públicos y otro de falsificación de documento público. La Fiscalía actúa a instancias de una denuncia de la Policía Local de Sant Antoni, cuyos responsables detectaron que, presuntamente, este agente imponía multas a conductores que pagaban al momento y se quedaba con el dinero. El Ayuntamiento de Sant Antoni suspendió de empleo y sueldo a este policía en cuanto se tuvieron pruebas de la presunta malversación, lo que ocurrió a principios de julio.
En aquellas fechas, el agente multó a un conductor con 150 euros por no disponer de los triángulos de señalización de avería y con otros 150 por no llevar los repuestos obligatorios.
Dinero en efectivo
El conductor entregó los 300 euros al agente. Al tratarse de un vehículo alquilado en Hertz, el conductor reclamó el dinero de las multas a la compañía, que se lo entregó al reconocerse responsable de las carencias del vehículo. Los encargados de Hertz decidieron acudir al retén de la Policía Local de Sant Antoni para reclamar el descuento legal por el pago inmediato de la multa y cuando se fueron a cotejar las copias de los recibos con los originales se descubrió la presunta malversación: sólo había constancia de una de las dos multas. Cuando el policía entregó al conductor multado la copia de las dos multas, cortó supuestamente de una de ellas el número de registro y la parte de abajo, donde ambos tienen que firmar.
Después se descubrió otro caso exactamente igual al anterior y finalmente se comprobó que faltaba del retén policial un boletín de multas que debía estar allí. Fuentes del Ministerio Público señalaron ayer que los responsables de la Policía Local de Sant Antoni sospechan que pudo gastar todo el talonario de multas y quedándose con el dinero.
De tres a seis años
Fiscalía presentó la denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, cuyo titular es el juez decano, Juan Carlos Torres el pasado 7 de octubre .
El Ministerio Público solicita que este agente sea interrogado como imputado por posible malversación de caudales públicos y falsificación de documento público. En el caso de que se celebrara un juicio, se enfrentaría a una acusación que se paga con penas de entre tres y seis años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer como representante de la autoridad.
El concejal de Policía de Sant Antoni, José Ramón Serra, Pilot, explicó ayer que el agente bajo sospecha fue «inmediatamente suspendido de empleo y sueldo en cuanto se detectaron las anomalías» y añadió que el Ayuntamiento tiene «plena confianza en la plantilla» de su Policía Local. «El jefe de la policía [Javier Verdugo] y yo tuvimos una reunión cuando se detectó el incidente y tomamos la medida de suspenderlo inmediatamente», indicó Pilot, que no quiso hacer más valoraciones «hasta que se celebre el juicio». Al parecer, este agente local ha trabajado en Sant Antoni durante unos dos años y también lo ha hecho en la Policía Local de Vila. Es la primera vez que se da un caso de este tipo en Sant Antoni.
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