La juez Clara Ramírez ha dictado una sentencia absolutoria en el caso de la ginecóloga de Can Misses que fue juzgada días atrás después de que fuera acusada de cometer una negligencia médica en octubre de 2006 tras atender un parto mediante una cesárea y morir el bebé, una niña, 16 horas después. Los afectados decidieron emprender acciones legales contra la facultativa al entender que la muerte de la pequeña se hubiera podido evitar si, a su juicio, el parto y la intervención quirúrgica a la que fue sometida la madre, con un hijo anterior, se hubiera llevado a cabo con mayor celeridad. La especialista se enfrentaba a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación.
Durante el juicio, sin embargo, varios peritos aseguraron que se habían seguido los protocolos médicos establecidos para enfrentarse a las complicaciones que surgieron después de que se apreciaran adherencias firmes en la pared uterina de la madre. Al respecto, la familia afectada mostró su desaliento e incomprensión porque no se hubiera podido prever esta patología, tal y como también hizo durante la vista un perito que declaró de acuerdo con la tesis de la acusación particular. El fiscal consideró que se había cometido una imprudencia leve, merecedora de una multa y una indemnización de 100.000 euros.
Los testigos de la defensa, por contra, incidieron en que todos los informes corroboraban que se actuó con total diligencia pese al fatal desenlace final, así como que la ginecóloga, una doctora con amplia experiencia, no había perdido ni un solo minuto cuando se dispuso a asistir a la parturienta y, luego, a hacer todo lo posible de salvar la vida de la pequeña.
La madre ingresó en el hospital sobre la una de la tarde del 23 de octubre. Noventa minutos después se extrajo a la pequeña y 16 horas después se produjo la muerte de ésta.
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