La CEP critica el traslado de 48 policías de Eivissa a Palma para una presentación

Según expuso el secretario local de la CEP, Carlos Muñoz, el desplazamiento tiene un fin «exclusivamente publicitario» y un coste para el erario público de unos 7.000 euros. Se trata de una actuación que, según afirmó, resulta especialmente perjudicial para la seguridad ciudadana ya que, en el caso de Eivissa, «deja a la isla abandonada durante todo un día», con 48 policías menos.

Según la CEP los responsables de la Administración General del Estado deberían explicar a los ciudadanos «por qué deciden sacrificar la protección de los vecinos», que ocupa un papel preponderante en la percepción social del bienestar, a favor de un acto «de marcado carácter político» con el que sólo se busca «transmitir una falsa imagen de refuerzo de las plantillas de las islas».

En este sentido, Muñoz agregó que los gestores político-policiales no informan sobre el número real de policías nacionales que integran las plantillas puesto que anuncian las incorporaciones pero «suelen ocultar» los abandonos por traslado a otras demarcaciones del país.

Desde la CEP incidieron en que las cifras que se invierten en este tipo de actos suponen «un insulto para los policías nacionales» de Eivissa que el año pasado tuvieron que pedir prestados bolígrafos, grapas o lapiceros para cumplir con sus obligaciones, y señalaron que «en más de una ocasión el sindicato llegó a hacerse cargo del reparto de papel higiénico porque en Palma no quedaba presupuesto». Muñoz detalló, además, que recientemente se denegaron cuantías «de sólo 35 euros» para la compra de material de investigación.

Para el sindicato las partidas de estos viajes con fines políticos deberían destinarse a la compra de guantes anticorte o botas para la plantilla de la isla, que tiene que sufragar estos materiales «de su propio bolsillo».

Según el sindicato policial, la crisis económica «obliga a los políticos a realizar un esfuerzo extraordinario de austeridad» para garantizar las cotas de bienestar del Estado de Derecho. Algo que se constata en la reiterada negativa a «dignificar nuestros sueldos». En este contexto, el gasto que por tercera vez supone este traslado para las arcas públicas es «claramente censurable», sentenció Muñoz. En este sentido, reiteró que las partidas para estos viajes deberían destinarse a la compra de material.