J. J. Monerri08/09/09 0:00
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Eivissa no está preparada para una actuación policial de grandes dimensiones. Así ha quedado demostrado en la operación Trafalagar, con la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado y descabezado a una de las redes británicas de narcotraficantes más importantes asentadas en Sant Antoni. No sólo el juzgado se ha visto desbordado por la magnitud de la operación, saldada con 25 detenidos, sino también la propia Guardia Civil ante la falta de infraestructuras, medios, abogados e intérpretes.

Sospechosos repartidos en los diversos puestos de la isla, incluso en dependencias de policía local, a la espera de que hubiera abogados para poder continuar con los registros y las declaraciones, pendientes de un juez que ni siquiera comandaba de oficio la investigación y a contrarreloj para poder cumplir con las 72 horas de tiempo que da la ley para poder tener privados de libertad a los acusados antes de ponerlos a disposición judicial.

Prórroga

Esta ha sido la situación a la que se está enfrentado el instituto armado después de que el pasado viernes se procediera a la explotación de la operación Trafalgar, actuación de la Guardia Civil aún no había informado ayer oficialmente por «faltar una serie de flecos», según un portavoz de la Benemérita. Los primeros detenidos, unos diez, fueron llevados a primera hora de ayer a los juzgados cuando el propio juez José Espinosa ya se había planteado la necesidad de prorrogar la detención de los sospechosos y, con ello, su turno de guardia. La falta de calabozos en el edificio de Isidoro Macabich también impedía llevarlos a todos de una sola tacada. A mediodía, con una decena de atestados sobre la mesa del juez Espinosa por casos rutinarios de alcoholemia, los 'narcos' británicos aún no habían empezado a prestar declaración. Fuentes del TSJ informaron a esa hora que el magistrado se iba a ver obligado a suspender todos los juicios de faltas que tenía previstos para hoy y llevar hasta incluso mañana su condición de juez por este caso. La Fiscalía, por su parte, tuvo que designar a otro segundo representante del ministerio público para que éste se encargara expresamente de la operación Trafalgar.

Carencias

Fue la continuación a una situación de colapso que también ha estado durante estos días viviendo la Guardia Civil por la falta de abogados e intérpretes. Según los datos recogidos por este periódico, los más de 50 agentes que participaron en los primeros compases de los registros se vieron frenados por la falta de abogados e intérpretes, una situación que se repitió al llegar los detenidos a las dependencias policiales que se tuvieron que habilitar ante las carencias de espacio que también sufre la Benemérita en la isla.

El Ministerio de Justicia sólo da fondos para que la asistencia de oficio a detenidos sea cubierta por tres abogados durante el verano, con el agravante de que al pasar la jornada son otros letrados los que deben desempeñar esta tarea. Así abogados que atendieron a los detenidos en registros o dependencias policiales no serán los mismos que lo hagan en el juzgado. Todo ello ocasiona más disfunciones y retrasos. Y tanto de lo mismo para los intérpretes.

De los doce detenidos que declararon ayer, 7 quedaron en libertad provisional, 3 presumiblemente todo apunta a que ingresen en prisión, y sobre los otros dos al cierre de esta edición no estaba decidido su estado. Los otros 13 declararán hoy ante el juez.