Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Barcelona un clan familiar de origen rumano formado por cuatro personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres de su misma nacionalidad, que en ocasiones eran captadas y obligadas a prostituirse cuando eran menores de edad.
Los detenidos son una madre y su hijo, que ya han ingresado en prisión, y otros dos familiares, que se dedicaban a buscar a jóvenes en Rumanía a las que confinaron en un piso de Barcelona para obligarlas, bajo amenazas y coacciones, a dedicarse a la prostitución, ha informado hoy el Cuerpo Nacional de Policía.
La investigación se inició cuando una ciudadana rumana denunció que una compañera que ejercía la prostitución en un tramo de la carretera N-150 en Barcelona había sido supuestamente víctima de un secuestro y sus captores, los proxenetas que la explotaban, pedían 1.500 euros por su liberación.
En colaboración con las autoridades rumanas, la Policía Nacional localizó en Rumanía a la abuela de la víctima, que confirmó que había recibido varias llamadas desde España pidiendo rescate para su nieta, lo que permitió identificar a varios de los implicados.
Además se pudo saber que la joven, de poco más de 18 años, había sufrido de niña agresiones sexuales por parte de su padre en Rumanía, y que fue vendida a los 15 años a un proxeneta rumano que la trasladó a Eivissa.
La misma joven había sido localizada en el año 2011 por la Policía en un club de alterne y fue ingresada en un centro de menores del que se fugó.
Durante la investigación se supo que había otra joven rumana que era explotada por el mismo clan y que también ejercía la prostitución en la misma carretera que la anterior, en el término municipal de Montcada i Rexac, a la que había atraído con engaños uno de los miembros del grupo y que sufría coacciones y amenazas con arma de fuego y agresiones físicas.
Esta joven, tras cinco meses de explotación, logró escapar de los proxenetas, pero fue localizada de nuevo y retenida en el domicilio de Barcelona hasta que sus raptores lograron que su padre, residente en Rumanía, pagara 2.000 euros por su rescate.
Con los datos recabados, la policía pudo localizar las viviendas que utilizaban los proxenetas y proceder a su detención, y localizar el teléfono que utilizaban para hacer las llamadas con las que pedían los rescates.
Posteriormente, se localizó a la joven que había escapado de su control, que vivía en Eivissa con un matrimonio rumano y en perfecto estado de salud, y se averiguó que el clan había estado extorsionando nuevamente a su familia en Rumanía, a la que pedían 1.500 euros por dejarla en libertad.
La joven explicó que había sido captada en un pub del Puerto Olímpico por un hombre que la engañó y que le obligaban a trabajar durante más de 10 horas diaria en la carretera, antes de cumplir los 18 años, y que pudo escaparse del clan gracias a la ayuda de un cliente.
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Todo aquel que paga por mantener relaciones sexuales con prostitutas en España, es cómplice y por tanto verdugo de uno de los crímenes más execrables que una persona le puede hacer a otra. Y aquí no cabe el… ¡ah, yo no sabía!, pues en los medios de comunicación se da cumplida cuenta de cómo están las cosas tanto en los prostíbulos autorizados, como en la calle. Pero aparte de esos sinvergüenzas, también es culpable el Estado español, ya que al no legalizar la prostitución crea las condiciones para que existan estos delitos. Si la prostitución se legalizara, sería mucho más difícil que existieran las mafias de desalmados que hacen de este su gran negocio. Se ganaría por tanto en seguridad ciudadana, ya que no estarían ofreciendo sus servicios en la calle, en seguridad profesional, ya que simplemente tendrían que cotizar a la seguridad social y así es más difícil que haya redes de proxenetas. En seguridad sanitaria, pues tendrían un control, y además pagarían sus impuestos, lo que es bueno para todos. En definitiva, si una persona quisiera entonces acudir a este tipo de servicios, podría hacerlo con la conciencia tranquila, de que no está abusando de nadie; ya que tendría la seguridad, mediante factura, de que la, o el profesional que le atiende, lo hace porque quiere y no porque le obligan.